«Cuatro euros en la tres, por favor». Al otro lado del mostrador, Sonia Guerrero, empleada de una estación de servicio de la capital, pone cara de póquer: «Es para la moto negra de ahí, ¿no?». El cliente le corrige, «No, no, para el Seat rojo de la tres». Y acto seguido se excusa: «Es que la economía está muy mala. Ponme lo justo para llegar a casa», añade el conductor. La escena, relatada por la propia dependienta, ocurrió hace solo unas semanas. Sonia confiesa que episodios como este se repiten casi a diario en la gasolinera donde trabaja. Pero éste le marcó especialmente. «Me conmovió el que me diera una explicación. Desde este puesto somos testigos del drama que viven miles de familias malagueñas. Y lo peor de todo es que el que no tiene para repostar normalmente tampoco tiene para comer en condiciones ni para pagar muchos suministros básicos», sostiene.
Las estadísticas de compañías como Endesa o Emasa confirman este drama. Entre enero y septiembre 43.996 consumidores se quedaron sin luz tras incurrir en impagos. Además, hubo 66.537 a los que se les dio el ultimátum por dejar de ingresar algún recibo. La friolera del 6,6% del millón de abonados que suma Endesa en la provincia. Demasiados. En el caso de la capital, otros 5.711 ciudadanos han sufrido cortes de agua en lo que va de año por no abonar sus facturas, lo que ha supuesto para Emasa unas pérdidas en la recaudación de 600.0000 euros.
Y, lo peor de todo, detrás de cada uno de estos fríos datos hay tragedias humanas protagonizadas por los denominados pobres energéticos. Un nuevo concepto que define una marginación emergente: la de personas a las que sus ingresos no les llegan para tener una casa abastecida de luz, agua y gas. Tampoco para, en muchos casos, costearse el desplazamiento, ya sea en coche o en transporte público. Es una de las consecuencias más desgarradoras de la crisis. Usuarios con la soga al cuello que hasta no hace mucho llevaban sus recibos religiosamente al día. Con el estallido de la burbuja, sin embargo, cientos de ellos se han visto obligados a llamar a las puertas de los departamentos de servicios sociales de sus ayuntamientos o a recurrir a la beneficencia de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja u OSAH (Organización Social de Acción Humanitaria).
Nuevo perfil de pobres
Desde su despacho, ubicado en al antiguo matadero de Virgen de la Fuensanta, Antonio Paneque, responsable de OSAH en Málaga, no da abasto para atender el goteo de demandantes de ayuda, que se han duplicado en los dos últimos años hasta los trescientos actuales. Lo curioso, dice, es que las características de quienes acuden a sus instalaciones han cambiado 180 grados.
El cliché del pobre procedente de un barrio marginal o de una minoría étnica ha dado paso a un sinfín de perfiles hasta ahora inéditos. «El grueso de quienes nos lanzan el SOS es gente totalmente normal que llega desorientada porque nunca antes ha pasado necesidad. Parejas que no pueden pagar la hipoteca, hogares con todos sus miembros en paro, personas mayores...Hasta vienen padres de familia, a los que antes les daba vergüenza reconocer estar pasando apuros. Ya no hay nadie libre de verse en dificultades», resume Paneque, quien calcula que el porcentaje de quienes no tienen para cubrir las cuestiones básicas de una vivienda ha aumentado un 40%.
Muchos de ellos depositan sus últimas esperanzas en organizaciones como Osah, que reparten lotes de comida cuatro veces al año. En algunos casos, hasta han llegado a pagar algún recibo de luz o agua a vecinos en la cuerda floja.
Las Cáritas parroquiales desempeñan un importante papel al respecto. Su entramado solidario destina al año más de dos millones y medio de euros a ayudas directas a través de las 153 sedes repartidas por Málaga. Su director provincial, Anselmo Ruiz, destaca que entre 2008 y 2009 las personas que acudieron a solicitar auxilio aumentaron en un 51,4% con respecto a los años anteriores a la crisis. Y suma y sigue. A día de hoy, Cáritas ejerce de salvavidas para 23.000 familias malagueñas: nada menos que 90.000 personas. A buena parte de ellas no les llega ni para pulsar el interruptor de la luz o abrir el grifo. «En el último ejercicio hemos apreciado un aumento del 10% en las demandas para gastos de suministros (luz, agua, etc) en las Cáritas parroquiales», detallan desde esta entidad.
Enganches ilegales
Y mientras unos piden ayuda, otros recurren a la picaresca ante la imposibilidad de hacer frente a sus facturas. El número de malagueños que optan por este atajo se ha multiplicado. Solo Endesa gestiona anualmente unos nueve mil expedientes de enganches ilegales en el conjunto de la provincia. Hasta el pasado mes de julio, la energía perdida en su facturación a costa de estos fraudes ascendía a 1,1 millones de euros. Preguntados por las irregularidades más comunes, desde la eléctrica destacan el enganche directo, es decir, la conexión del suministro a la red sin contador. «Se da sobre todo en zonas de rápido crecimiento», revelan.
Las dobles acometidas (conductor que se añade a la instalación y que hace de bypass para evitar que la mayor parte de la energía pase por el contador) y la manipulación de equipos de medida -desde un simple alambre que bloquea el giro del disco del contador hasta la introducción de electrónica- son otras prácticas cada vez más habituales entre quienes buscan adelgazar su recibo.
Para frenarlas, Endesa cuenta con equipos de inspección en todas las zonas de la provincia, en las que trabajan unas 45 personas, más el apoyo de las contratas en las campañas especiales. Además, cada año se realiza una labor de disciplina de mercado consistente, entre otros aspectos, en la ejecución de más de 50.000 trabajos en domicilios de los clientes para tratar de detectar posibles irregularidades.
Las tareas de prevención son igualmente labor prioritaria en Emasa, que realiza inspecciones en cada distrito de la ciudad una media de cuatro veces al año. Aún así, sigue habiendo quien logra burlar estos controles. En el último año, sin ir más lejos, la empresa municipal de aguas de la capital ha levantado mas de 1.500 actas de inspección por un importe superior a los 500.000 Euros.
«En caso de detectar enganches fraudulentos a la red se toman todas las medidas a nuestro alcance para recuperar lo perdido: actas de inspecciones, negociación de plazos de pago, corte del suministro, reclamación judicial civil, etc. Solo como recurso extremo, cuando se han agotado las otras opciones, se inicia la denuncia por el cauce penal, lo que conlleva en la mayoría de casos sentencias condenatorias para los implicados», precisan desde la compañía.
En el acumulado de 2010 Emasa ha recurrido a la vía judicial en 160 ocasiones para reclamar un montante de 338.982 euros: 2.118 euros de media por expediente. La cifra supera a la de 2009, cuando se emprendieron 145 demandas penales.
Detrás de muchos de estos procesos que llegan a los tribunales hay números rojos. Montañas de deudas que asfixian a los usuarios y les hacen caer en el fraude para esquivar los cortes de suministro. La vicepresidenta de la Asociación de Amas de Casa Al-Andalus, María Huelin, asegura que cada vez son más las familias que viven al límite y engrosan las listas de los llamados pobres energéticos. «El problema es que en plena crisis está aumentando todo menos los sueldos y las pensiones. Sube la luz, el gas, el autobús, la gasolina...y a final de mes, grano a grano, el consumidor cada vez tiene más que pagar con menos recursos, de ahí que se caiga en el impago» apostilla.
La gasolina, cada vez más cara
Los combustibles no escapan de esta tendencia alcista. Los últimos repuntes en el precio del barril del petróleo han hecho que la gasolina y el gasóleo cuestan este puente del Pilar 1,152 euros y 1,090 euros el litro, respectivamente, lo que supone un encarecimiento del 11,2% y del 17% con respecto a la misma semana del año pasado.
De esta forma, el automovilista con un vehículo de gasolina con un depósito medio de 55 litros gasta ahora 63,3 euros en llenar el tanque, 6,6 euros más que hace un año, frente a los 59,9 euros de media del gasóleo, que ha subido nueve euros.
Estos incrementos suponen el más difícil todavía para muchos automovilistas malagueños. Quienes han perdido el trabajo o arrastran fuertes deudas están teniendo serias dificultades para poder costearse el combustible, el cual ha pasado de ser un producto de primera necesidad para la movilidad a un lujo al alcance de muy pocos. Álvaro Fontes, presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Andalucía, destaca que en los tres años que suma la crisis, las ventas de carburantes se han desplomado un 20%.
Y, lo peor de todo, el panorama cada vez es más desalentador. «Este año está siendo aún más malo que el anterior. El pasado julio registramos la mayor caída mensual, con un descenso del 10%. La gente lo está pasando muy mal», asevera el responsable de la patronal regional. Prueba de ello es, por ejemplo, el retroceso experimentado en el gasto medio del repostaje. «Antes lo habitual era que quien echaba gasolina pidiese como mínimo veinte euros. Ahora hemos pasado a trece Y la factura se reduce aún más en cuanto que cruzamos el ecuador del mes. A partir del día 15 los clientes se quedan sin dinero y escatiman con consumos inferiores a cinco euros», agrega Fontes.
No es el único indicador revelador de las penurias que soportan muchas familias. Los hay más dramáticos: «Empieza a ser habitual que nos llegue alguien con una lata porque ha apurado al máximo y se le ha quedado el coche tirado. También está el que nos ruega que le fiemos a cambio de dejarnos su dni o su reloj. vivimos situaciones muy desagradables», añade el representante de las estaciones de servicio andaluzas.
Para ayudar a quienes no tienen para costearse el transporte, la EMT ha puesto en marcha este ejercicio por segundo año consecutivo una tarjeta gratuita con cincuenta viajes para personas que estén en el paro. La iniciativa, impulsada en colaboración con el IMFE, está dirigida a desempleados inscritos en el programa 'Málaga empleo' que lleven más de seis meses inactivos y sus ingresos máximos no superen los 700 euros. Esta medida, que ya ha agotado su presupuesto, ha beneficiado a mil personas. «El objetivo es que al menos puedan desplazarse a dejar curriculum o acudir a una entrevista», detalla el director del IMFE Enrique Nadales.
