ESPAÑA ANTE LA CRISIS
El miedo a perder el empleo, un incentivo para dar más horas
Desciende el absentismo
MADRID | Se reduce el absentismo
Efe | Madrid
Cada vez son más las personas jóvenes -alrededor de 30 años-, con estudios superiores -diplomaturas y licenciaturas- y de nacionalidad española las que ocupan puestos de trabajo relacionados con la limpieza profesional en la Comunidad de Madrid.
Así se desprende de la "I Radiografía del Empleo en el sector de la limpieza profesional de la Comunidad de Madrid", realizado por AELMA, Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid, entre su base de empresas asociadas que suman un total de 150 compañías que representan a una masa laboral de 20.000 trabajadores. El informe recoge que, por primera vez, se han registrado solicitudes de trabajo por parte de perfiles nacionales en este sector, aunque al ser el primero que realiza la empresa, no disponen de datos cuantificables.
Según esta asociación, la crisis económica está motivando que el perfil de solicitantes de empleo en el sector de la limpieza profesional de la Comunidad de Madrid esté variando respecto al pasado.
El informe refleja que este sector deja a un lado la paridad y sigue siendo eminentemente femenino, ya que la mujer representa el 78% de las plantillas de trabajadores, mientras que los hombres representan el 22% restante. Se establece así, un perfil del trabajador de mujer de 42 años, con estudios básicos, casada y con hijos.
Pese a que en la teoría no existen diferencias en los trabajos desempeñados por hombres y mujeres, en la práctica, sí que se percibe que hay puestos, tradicionalmente asociados al hombre y que siguen siendo desempeñados por ellos, como los de limpiacristales, limpieza de fachadas, garajes, parking y naves industriales.
Por su parte, limpieza de comunidades de vecinos, oficinas, hospitales y centros educativos son los relegados a las mujeres.
Debido a que el tipo de oficio requiere una actividad física, las edades de los trabajadores ocupados en este sector oscilan entre los 36 y 48 años.
El informe también señala que, aunque los convenios establecen una jornada de 39 horas semanales, en la práctica el 75% de los empleados trabajan a tiempo parcial con contratos indefinidos, con una media de 20 horas semanales.
El 15% restante corresponde a contratos temporales en función de las necesidades, mientras que la antigüedad media de los trabajadores del sector es de 7 años.
Respecto a la nacionalidad, aunque en épocas pasadas la mano de obra española escaseaba, en la actualidad el 65% de la plantilla que conforma este sector está compuesta por mano de obra de nacionalidad española.
El resto queda dividido de la siguiente forma: un 15% de procedencia ecuatoriana, un 10% de Colombia, un 4% de Perú, un 3% de Bulgaria y el 3% restante de la República Dominicana y otros países.
El estudio señala que la primera y más importante consecuencia de la crisis en este sector es la reducción de la mano de obra y que en los dos últimos años el sector ha perdido en la Comunidad de Madrid un 11,5% de empleos, lo que supone alrededor de 2.500 trabajadores.
La segunda consecuencia es que este sector atrae ahora a mano de obra nacional que, hasta antes de la crisis, o bien estaba desocupada por voluntad propia o bien trabajaba en otros sectores.
En la actualidad, según refleja la encuesta realizada por AELMA a sus empresas asociadas para conformar esta I Radiografía, resulta cada vez más común la recepción de candidaturas espontáneas de nacionalidad española, con estudios universitarios y con edades opuestas, es decir, o personas jóvenes (hasta 30 años) o personas mayores que superan los 48 años.
Con la crisis, también han disminuido las tasas de absentismo laboral que soportaba este sector y, no sólo hay menos bajas, sino que el número de días de ausencia también ha disminuido, aunque no lo suficiente como para dejar de considerarlo un problema para AELMA, que sitúa la tasa de absentismo en torno al 7%.
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JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Encontrar un empleo se ha convertido actualmente en una verdadera quimera, lo que se traduce en que cada vez son más los parados de larga duración que van agotando todas sus prestaciones sin expectativas reales de revertir su situación. Unos 10.000 desempleados malagueños, en torno a 27 al día, han dejado de percibir prestaciones a lo largo del último año 2011 al haber agotado todas las modalidades de ayuda, según se desprende de las medias elaboradas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que aún así sigue destinando una nómina considerable a pagar los subsidios de paro.
Concretamente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó el pasado año en Málaga un total de 868 millones de euros, lo que supone casi el doble que los 480 que se abonaban en el año 2006, cuando la provincia alcanzó un suelo histórico de sólo 67.491 parados inscritos en las oficinas del antiguo Inem y un tasa de paro del 9,9%.
Pero las cosas han cambiado mucho con la crisis, y de la ilusión de alcanzar la denominada tasa mínima de paro estructural –en Europa la colocan en el entorno del 5%-7%– se ha pasado a una realidad de pesadilla: 207.000 parados en Málaga y una tasa del 31,2% que tiene visos incluso de poder subir algo más antes de que llegue el verano y la temporada turística.
Pero el hecho es que, mientras sigue subiendo el número de parados, la inversión que el Gobierno destina a pagar las prestaciones por desempleo empieza ya a bajar –de hecho, en 2010, la nómina para pagar a los parados en Málaga fue de 954 millones de euros–, conforme acaban las ayudas para esos parados de larga duración que perdieron su empleo justo al comenzar la crisis, allá por el año 2008, siguen sin encontrar un puesto de trabajo. El último dato del Ministerio, correspondiente a este pasado mes de febrero, señala que en Málaga cobran prestaciones 119.000 desempleados lo que dejaría en la práctica a más 81.000 sin ningún tipo de ingresos. O lo que es lo mismo, cuatro de cada diez parados de Málaga, no cobra ya ningún tipo de prestación.
A efectos estadísticos, la cifra de parados desprotegidos coincide prácticamente con lo que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) denomina «parados de larga duración», y que hace referencia a los desempleados que llevan más de
12 meses sin haber trabajado. Este dato ha aumentado hasta un 85% desde inicios de 2009, cuando la crisis económica empezó a reflejarse en toda su crudeza.
Los reproches de la CEOE. Los datos de las prestaciones por desempleo ha sido en las últimas semanas objeto de debate después de que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, señalara que el dinero público para cubrir a los parados «no es ilimitado», quejándose de que en España los parados no hacen todo lo que pueden para encontrar un nuevo puesto de trabajo y que sólo cuando saben que van a agotar las ayudas, se ponen las pilas para «milagrosamente», encontrar empleo cuando les queda uno o dos meses para que se les acabe la prestación.
Rosell remarca que las estadísticas dan fe de ese comportamiento y que hay que «convencer» a los parados para que sean «activos en la búsqueda de trabajo».
«Me gustaría que la gente no llegase al mes 21, 22 o 23 y que se quedase en el mes uno, dos o tres, así habría más subsidios para la gente que no tiene nada. El paro tiene unos costes que son muy elevados, por lo que hay que aceptar la posibilidad de tener que aceptar la primera oferta de trabajo que llegue o quedarse sin dicha prestación», dijo Rosell. Sin embargo, la alta cifra de parados sin prestaciones, al menos la de Málaga, no parece darle la razón, como aducen los sindicatos.
«Si los desempleados no trabajan es porque obviamente ahora mismo no hay demanda de empleo. El parado no es una persona que juega con la prestación y rechaza ofertas hasta que ve que le acaba», comentan indignados los responsables sindicales, que están convencidos de los empresarios quieren acabar con el actual sistema de prestaciones por desempleo, un derecho que los trabajadores sufragan, no se olvide, a través de las cotizaciones sociales.
En esta dirección irían encaminadas, según UGT y CCOO, críticas como la de Rosell o la que hizo el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, sobre aceptar ofertas de trabajo «aunque sea en Laponia».
El 70%, con baja cualificación. Dicho todo esto, y por completar el cuadro laboral, también es preocupante que la formación de muchos de los desempleados de Málaga y sus aspiraciones laborales no parezcan ahora mismo las más adecuadas para hallar empleo. Y es que del total de parados de la provincia , el 70% tan sólo demanda ante el SAE puestos elementales de baja cualificación o trabajos ligados al sector hostelero, al comercial o al de la construcción, caso de camarero, dependiente, peón o albañil.
Las cifras destacan de esta forma las carencias formativas de buena parte de la población en paro, donde sólo un minoritario 10% –menos de 20.000 personas– pueden presumir de tener estudios postsecundarios, incluidos los universitarios.
10 de marzo de 2012
El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga tiene previsto celebrar este jueves día 15 de marzo el juicio en relación con el accidente mortal que sufrió un trabajador en 2004 realizando tareas en la estación de bombeo de aguas residuales de la capital malagueña, encargadas a la sociedad Codesa por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), por lo que están acusadas siete personas.
El juicio se iba a celebrar en julio del pasado año, aunque tuvo que ser aplazado por enfermedad del inspector de trabajo que realizó el informe y levantó el acta del siniestro, que tuvo lugar en abril de 2004 cuando se realizaban las obras de desmontaje de compuertas viejas y el montaje de las nuevas en los canales de entrada a la estación.
Emasa, según el escrito inicial de la Fiscalía, concertó los trabajos con otra empresa y tenía elaborado desde marzo de 2000 un documento con las indicaciones para estas tareas en los lugares concretos, ya que era un espacio que no estaba concebido para la ocupación continuada por trabajadores y existía la posibilidad de acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables.
El fiscal acusa a siete personas de ambas empresas, tres de Emasa y cuatro de otra sociedad, con distintas responsabilidades en las actuaciones que se desarrollaban por "falta de control" en las mismas, a las que achaca un delito de homicidio imprudente y otro de lesiones imprudentes. A tres de los procesados les acusa, además, de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Así, se acusa al director de Recursos Humanos de Emasa entonces, del que dependía, según el escrito provisional del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, el servicio de prevención y el área de seguridad de la empresa, y que "no hizo entrega" a la empresa proveedora del documento de prevención "de cuyo cumplimiento escrupuloso dependía la ejecución segura de los trabajos".
Entre los otros acusados está el que era delegado de zona de la empresa contratada, que "no adoptó decisión alguna" para que los trabajadores recibieran formación; el jefe de obra de dicha firma, quien supo de "las deficiencias" existentes y "no ordenó que se repitieran mediciones antes de empezar", y otros dos encargados que sabían "la falta de mediciones de gases".
Así, dos trabajadores bajaron al recinto a cinco metros de profundidad, donde la acusación indica que no se hizo medición. Uno de ellos retiró arena, mientras que previamente se habían limpiado los restos de fangos, acciones ambas que posibilitan la liberación de gas. Al poner en marcha el trabajador fallecido la radial y con las primeras chispas se produjo un incendio.
El fuego afectó a los dos empleados, uno de ellos resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 43 por ciento de su cuerpo y falleció por la gravedad de estas heridas, mientras que el otro sufrió quemaduras de la misma consideración en el 25 por ciento de su cuerpo. Para tres de los acusados solicita dos años y medio de cárcel y para los otros cuatro, 22 meses de prisión.
El conductor de un camión de cemento y un trabajador de una fábrica han resultado heridos este lunes en sendos accidentes laborales ocurridos en Rincón de la Victoria (Málaga) y en la capital malagueña, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.
El primero de los accidentes tuvo lugar a primeras horas de la mañana. Sobre las 08.40 horas, el 112 recibió aviso de varios particulares sobre una colisión de un camión de cemento contra una furgoneta en la carretera MA-24 a la altura de la curva de la Araña, ya dentro del término municipal de Rincón de la Victoria, según han indicado las mismas fuentes.
El conductor quedó atrapado y tuvo que ser liberado por los Bomberos, tras lo que fue trasladado a un centro sanitario. Además, se tuvo que desplazar hasta el lugar una grúa, ya que el camión volcó, según han explicado a Europa Press.
Además de a los bomberos y a los servicios sanitarios, también se dio aviso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo, al tratarse de un accidente laboral, según han apuntado desde el 112 Andalucía.
Por otro lado, un hombre de 33 años ha resultado herido en otro accidente laboral al golpearle en la cabeza un palé en las instalaciones de una fábrica situada en el camino de Santa Inés de la capital.
Según han precisado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, a las 12.25 horas recibieron el aviso del accidente, desplazándose hasta el lugar de los hechos servicios sanitarios, efectivos de la Policía Local y Nacional, además de dar aviso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
El hombre ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria con un golpe en la cabeza, por lo que le fue puesto un collarín, y diversas contusiones en su cuerpo, siendo su pronóstico reservado.
CRISIS | Y que medie para evitar más desalojos
EFE | Barcelona
Ni el 15-M, ni colectivos de migrantes, ni vecinos indignados, ni partidos minoritarios. Cáritas. La organización religiosa Cáritas Diocesana de Barcelona ha instado al gobierno de Rajoy a que aborde el problema de la vivienda más allá de las hipotecas creando un "mini FROB" para financiar a las familias que, al quedarse sin empleo, no pueden pagar alquileres o hipotecas y medie para evitar sus desahucios.
La institución de ayuda humanitaria vinculada a la Iglesia Católica ha celebrado del código de buenas prácticas impulsado por el Ministerio de Economía pero lo considera una "medida insuficiente".
En pocos meses, su servicio de mediación ha intervenido en 300 casos y evitado 100 desahucios
En un comunicado, Cáritas, que ha creado recientemente un servicio de mediación para evitar desahucios traumáticos, ha recordado que está viviendo "de forma directa el grave problema de sobrendeudamiento de muchas familias".
Esta situación, según Cáritas, "está conduciendo a otra realidad alarmante, la fractura social por el aumento de personas que viven en la exclusión por la pérdida de la vivienda y el empleo".
Proponen que considere otras situaciones de infravivienda, como el realquiler, a través del cual también se puede llegar a la exclusión social
Cáritas pide al gobierno de España que a la hora de abordar el problema de la pérdida de la vivienda tenga en cuenta "no sólo las deudas hipotecarias sino también aquellos que generan los impagos de alquileres".
También le proponen que considere"otras situaciones de infravivienda,como el realquiler, a través de las cuales las personas pueden llegar a la exclusión social".
"Instamos al Gobierno a que promueva una política que asegure una vivienda de alquiler asequible" para las familias afectadas, con la "regulación de un mini FROB para las personas sobrendeudadas y en la intermediación experta entre las familias afectadas por problemas de pago de la vivienda y sus acreedores".
El nuevo Servicio de Mediación de la Vivienda de Cáritas, creado a finales del año pasado, ya ha atendido a más de 300 familias y ha resuelto favorablemente unos 100 casos de amenazas de desahucio.
En unos casos se han reconducido las deudas de hipotecas o alquileres, en otros se ha conseguido la dación en pago y en otros se ha ofrecido unalquiler social a las personas que se han quedado sin hogar.