miércoles, 30 de septiembre de 2009

Últimas horas de un vecindario de 'okupas'

Últimas horas de un vecindario de 'okupas'

Más de treinta personas 'sin techo' han creado su hogar entre las paredes de la antigua nave de Confecciones Sur. La policía los visitó ayer para advertirles de que debían mudarse. Hoy, los dueños de los locales tapiarán puertas y ventanas para evitar que estas familias vuelvan a instalarse allí

En la planta superior de la nave conviven tres marroquíes, un saharui y dos españolas. Cada uno con un pasado distinto, con una historia detrás. Ni siquiera se conocían. Como mucho, tienen en común la procedencia o el idioma. A veces ni eso, pero se entienden. Son una familia unida por la desesperación. Allí comparten lecho, comida y frustraciones. Este no era su sueño. No lo habían imaginado así.
Ellos integran uno de los grupos que se han instalado en las antiguas instalaciones de Confecciones Sur, desmanteladas hace años. En total, más de una treintena de personas 'sin techo' han encontrado refugio bajo la cubierta de lo que era la fábrica de Cortefiel. En el interior de las naves abandonadas han creado un sistema de infraviviendas independientes que, a modo de colmena, se reparten en el laberinto de tabiques, escaleras y entreplantas.
El panorama cambia nada más adentrarse en el viejo polígono industrial. En pleno corazón de la barriada de La Princesa, junto al puente de la avenida Juan XXIII, la manzana de almacenes ofrece un aspecto desolador. Son las cinco de la tarde y en la calle San Lucas apenas hay un par de personas que parecen estar allí por accidente. Es un lugar yermo, un islote desierto en medio del bullicio de la ciudad. Por allí no circulan coches. No hay ruido, ni vida. Sólo suciedad.
El abandono se observa en cada palmo de suelo. Latas, bolsas, papeles, preservativos... El centro del polígono es un aparcamiento, casi vacío de coches, que ya ofrece algunas pistas sobre el destino que ha tenido la zona. En las dos mejores plazas del 'parking' no hay vehículos, sino unos viejos colchones con almohadas y mantas.
Porque la vida no está fuera, sino dentro de las naves abandonadas. Los inquilinos de los antiguos telares, los 'okupas' del polígono, se han instalado en la vieja fábrica. Conviven, a su manera, como los vecinos de cualquier edificio. Los de la planta baja apenas conocen a los que residen en el piso de arriba. No tienen relación más allá del saludo de cortesía para mantener la buena vecindad.
Stephan Sorin (34 años) y María Busatu (39) son una pareja de inmigrantes rumanos. Llevan dos meses viviendo junto a otros cinco familiares en la planta baja de un nave donde antaño había un taller de coches. No tienen luz ni agua corriente, pero se las apañan. En una de las habitaciones, han improvisado un cuarto de baño, donde se asean con agua de la fuente en una bañera de bebé. Hasta tienen cocina con horno incluido.
«Hoy -por ayer- hemos comido patata», explica Stephan. Reconoce que María es quien cocina, aunque pronto se apresura a decir que él también sabe. «Yo era soldado en Rumanía», asegura. «Allí tuve que guisar para muchas personas». Aquí, sobreviven con la comida que recogen entre los desperdicios de los supermercados, que tiran al contenedor productos perecederos pasados de fecha. Stephan compite con seis inmigrantes por hallar su sustento entre lo que otros consideran basura. «No nos peleamos, nos repartimos lo que hay», aclara.
Ayer no fue un día normal en el que buscarse la vida. Tocaba mudanza. «La policía ha venido a decirnos que nos tenemos que ir, que mañana -hoy para el lector- van a tapiar las naves para cerrarlas», explica. Un compatriota rumano ha acudido con su furgoneta para ayudarle a trasladar sus pertenencias, que son muchas. Acumulan todo tipo de objetos, desde un globo terráqueo hasta calentadores eléctricos, que almacenan para vender.
Los inquilinos de este singular vecindario coinciden en que carecen de trabajo y culpan al Estado de no darles oportunidades. Viven de la caridad. «En el mercado de Huelin nos dan pescado, hay buena gente allí», comenta un inmigrante saharaui que comparte con otras nueve personas la planta superior de la nave. Aunque todos se reparten las tareas, él es el más hacendoso. Mientras sus compañeros matan el tiempo jugando al parchís con fichas hechas con papel de aluminio, él prepara el segundo plato del día, un guiso con patatas y pescado. El primero -un estofado de carne- ya está en el fuego, una pequeña hoguera en la azotea. A pocos metros tienen el tendedero y el lugar en el que enjuagan los platos.
 
Quejas vecinales
Ellos se ven como víctimas, pero los vecinos de la zona consideran el asentamiento un foco de problemas y delincuencia. «Hemos recibido muchas denuncias de ciudadanos por hurtos y robos con arma blanca», señala el edil de Carretera de Cádiz, Julio Andrade. Esto ha propiciado la actuación de la Policía Local, que visitó ayer a los 'okupas' avisarles de que tienen que irse.
El incógnita es dónde. «Aún no lo sabemos, no tenemos casa», dice María Busatu. Es el eterno drama de la marginación. Hamid, su vecino marroquí, es más explícito: «Nos vamos a la puta calle». Una mujer española que comparte techo con él aclara que el destino de todos ellos serán las barcas de San Andrés, donde volverán a dormir al raso en la arena de la playa.

Las escuelas taller forman a más de 6.000 alumnos desde 2004

Las escuelas taller forman a más de 6.000 alumnos desde 2004

La construcción deja paso a la tecnología, la ayuda a domicilio o el medio ambiente

A. Recio / Málaga | Actualizado 01.10.2009 - 01:00
 
 
La Junta de Andalucía asumió hace cinco años las competencias de Empleo y el consejero del ramo, Antonio Fernández, no quiso desaprovechar ayer la oportunidad para hacer un balance sobre el desarrollo de escuelas taller en la provincia y en el conjunto andaluz. Desde el año 2004, la Junta de Andalucía, en colaboración con ayuntamientos y otras instituciones, ha organizado 222 escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en Málaga en los que se han formado a 6.233 alumnos y en los que la Administración regional ha invertido 138,8 millones de euros. En toda Andalucía se han organizado 1.840 cursos con 42.739 alumnos y 900 millones de euros de inversión.

Fernández aseguró ayer que el grado de inserción laboral de estos cursos en Málaga es del 45%, un punto por encima de la media andaluza, por lo que, según los datos de la Consejería, 2.804 alumnos habrían encontrado un empleo gracias a estos talleres.

El consejero, que ayer participó en una jornada desarrollada en la Facultad de Derecho sobre esta materia, hizo hincapié en la necesidad de "flexibilizar" y "adaptarse a las nuevas necesidades del mercado" a la hora de confeccionar este tipo de programas.

Hace cinco años la mayoría de los talleres eran de albañilería debido al boom de la construcción. Sin embargo, hace dos años, con el inicio de la crisis en el sector, empezaron a sobrar albañiles por todos lados. La construcción ha dado paso a talleres de ayuda a domicilio, geriatría, nuevas tecnologías o medio ambiente, que son los sectores donde se considera que hay nuevos yacimientos de empleo. También se dan cursos básicos como el de albañilería pero adaptados a esa nueva realidad y, por ejemplo, se enseña a los alumnos a instalar placas solares en una obra.

En Málaga hay más de 150.000 parados y eso se está notando tanto en el número de personas que quieren apuntarse a estos talleres, que según Fernández está aumentando, como en el grado de inserción laboral, que está disminuyendo. Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo, explicó ayer que "las escuelas taller suelen tener un alto grado de ocupación pero los niveles de inserción laboral se corresponden en estos momentos a los que teníamos en la crisis anterior, en 1992 y 1993".

Siete de cada diez pensionistas cobran menos de 400 euros

Según CCOO

Siete de cada diez pensionistas cobran menos de 400 euros

El secretario general de CCOO en Málaga, Antonio Herrera, considera insuficiente la subida de pensiones

EFE El secretario de CCOO de Málaga, Antonio Herrera, ha criticado hoy que el 72 por ciento de los pensionistas de la provincia de Málaga, unas 176.330 personas, cobran menos de cuatrocientos euros mensuales, lo que hace "insuficiente" la subida del uno al dos por ciento fijada para el colectivo por el Gobierno.

"La pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo muchos pensionistas en los últimos años, unido a la propuesta sobre una subida de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado plantean un panorama desolador para los próximos meses", ha indicado Herrera en un comunicado.

El sindicalista no está convencido con la nueva propuesta del Ejecutivo, que la ha tildado de "poco equitativa e injusta, ya que probablemente recaerá especialmente en las rentas medias", por lo que ha pedido que se acuerde un mayor incremento para las retribuciones mínimas.

Herrera ha añadido que desde 1999 hasta 2007 el número de pensionistas en Málaga ha aumentado un veinte por ciento, pasando de de unos 203.987 a 243.871 personas.

martes, 29 de septiembre de 2009

La aceituna de verdeo empleará a 2.600 personas

ANTEQUERA

La aceituna de verdeo empleará a 2.600 personas

UGT prevé una recolección de 45 millones de kilos de este fruto

30.09.09 -
 
Después de la vendimia, la campaña de la aceituna de verdeo será la que dé trabajo a los jornaleros del campo. El sindicato UGT cifró en 2.600 las personas que se emplearán en la recolección del fruto del olivo, principalmente cultivado en la comarca de Antequera, por lo que será en ella donde se creará el mayor número de puestos de trabajo, según apuntó el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Málaga, Antonio Guerrero.
Estos 2.600 empleos se traducen en unos 80.000 jornales, añadió para matizar que el salario que establece el convenio provincial del campo para esta campaña es de 41,70 euros al día con una jornada de 6,5 horas.
La campaña de la aceituna de aderezo comenzó el lunes y se prevé que dure todo el mes de octubre. Durante ese tiempo se recogerán aproximadamente 45 millones de kilos de aceituna de mesa, puntualizó el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT Málaga.
Guerrero hizo hincapié en que desde su sindicato «se va a realizar un seguimiento a la campaña para informar a los trabajadores de sus condiciones de trabajo. En este sentido las sedes de UGT en Antequera y Alameda están a disposición de todos los trabajadores para informarles y asesorarles». No en vano, ambas localidades, junto con Fuente de Piedra y Mollina, son las que más trabajadores aportarán a la campaña ya que en estos municipios se recoge el 50 por ciento de la producción, agregó Guerrero. Muchos de ellos proceden de la campaña de la vendimia, que prácticamente ya ha finalizado en la comarca.
 
Contratos por escrito
El secretario de la Federación Agroalimentaria de UGT Málaga destacó que desde el sindicato van «a hacer un llamamiento a empresarios y trabajadores para que se cumpla la ley de Prevención de Riesgos Laborales y se eviten los accidentes de trabajo». «También vamos a hacer un seguimiento para que a los trabajadores se les dé de alta en la Seguridad Social y las contrataciones se hagan por escrito», agregó.
En este sentido explicó que las empresas entregarán copia al Servicio Andaluz de Empleo de las contrataciones eventuales que realicen a los trabajadores, tal y como queda recogido en el artículo 8 del convenio provincial del campo.
Por otra parte, Guerrero consideró que la participación de inmigrantes en esta campaña será mínima, teniendo en cuenta la tasa de paro que existe en la zona. No obstante, añadió que los trabajadores inmigrantes tienen que ser contratados en las mismas condiciones que los no inmigrantes, «con los mismos derechos, incluido la vivienda si es necesario».

El convenio del sector de la automoción en Málaga, aún bloqueado

Hay 8.000 empleos, aunque la crisis ha podido destruir 2.000

El convenio del sector de la automoción en Málaga, aún bloqueado

CCOO y UGT reiteran que el 6 de octubre convocarán movilizaciones si la patronal no cede subidas salariales

 
Un concesionario malagueño. Gregorio Torres

JOSÉ V. RODRÍGUEZ. MÁLAGA El secretario de Acción Sindical de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Málaga, Rafael Paniagua, y su homólogo en el sindicato CCOO, Juan Cordero, informaron ayer de que las negociaciones con las patronales de automoción siguen bloqueadas ya que tanto la Asociación Malagueña de Automoción (AMA) como la Federación de Automoción en Málaga (Fedama) "se niegan a incluir en los convenios de este año y del 2010 subidas salariales".
Así, las dos centrales recordaron que desde marzo se han llevado a cabo un total de siete reuniones con ambas patronales y que "todavía mantienen la misma postura".
El próximo martes, 6 de octubre, habrá una asamblea de delegados en el Centro Cívico, a partir de las 10.00 de la mañana, con el objetivo de trasladarles las alternativas que "nosotros hemos planteado a los empresarios y el no por respuesta de la patronal", según informó UGT.
Asimismo, señalaron que en la provincia hay más de 8.000 trabajadores en el sector de la automoción (aunque esta cifra puede haber caído en casi 2.000 personas con la crisis), al tiempo que criticaron que los sindicatos no están dispuestos "a que pierdan poder adquisitivo con la situación tan terrible que se está atravesando".

Diferencias
. Paniagua y Cordero manifestaron que las propuestas de las patronales son "ridículas" y que no están dispuestos a aceptarlas "bajo ningún concepto", al tiempo que señalaron que la vigencia del último convenio culminó el 31 de diciembre de 2008, por lo que los salarios de este año permanecen sin actualizar.
El secretario de Acción Sindical de MCA-UGT Málaga, Rafael Paniagua, y su homólogo de CCOO, Juan Cordero, recalcaron que no se descartan llevar a cabo todo tipo de movilizaciones en la provincia de Málaga si las patronales siguen "con la actitud que vienen manteniendo hasta ahora".

Un total de 1.068 parados malagueños reciben ya la ayuda de los 420 euros

Un total de 1.068 parados malagueños reciben ya la ayuda de los 420 euros

A partir del 5 de octubre, la mitad de las oficinas abrirán en horario de tarde -hasta las 18:30 horas- durante doce meses para atender a la demanda y se ha reforzado también la plantilla de las 21 oficinas de la provincia con 103 efectivos

Efe, Málaga | Actualizado 29.09.2009 - 14:13
 
Un total de 1.068 parados reciben ya la ayuda extraordinaria de 420 euros para los desempleados sin prestación en la provincia de Málaga, donde se han presentado dos mil solicitudes y donde las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal comenzarán a abrir por la tarde la semana que viene.

El setenta por ciento de las solicitudes presentadas en la provincia desde el 17 de agosto hasta ayer están siendo ya tramitadas, 1.448, y de éstas, 286 han sido denegadas, ha informado hoy el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna.

Según las previsiones de Subdelegación, se espera que unos 12.000 parados de la provincia soliciten la ayuda, mientras que si se extiende la concesión para quienes se quedaron sin prestación desde el 1 de enero pasado, serán unos 30.000 los beneficiados.

Además, a partir del 5 de octubre, la mitad de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal en Málaga abrirán en horario de tarde -hasta las 18:30 horas- durante doce meses para atender a la demanda y se ha reforzado también la plantilla de las veintiuna oficinas de la provincia con 103 efectivos.

España pasó a ser en 2008 el sexto exportador mundial de armas

España pasó a ser en 2008 el sexto exportador mundial de armas

Avión de fabricación española vendido a las Fuerzas Aéreas de Colombia. | Efe

Avión de fabricación española vendido a las Fuerzas Aéreas de Colombia. | Efe

  • Las ONG piden al Gobierno el pleno cumplimiento de la ley nacional y europea

A espera de colocarse de forma estable entre los Grandes del Mundo, España ya se sitúa en un 'G8', aunque menos prestigioso. De hecho, en 2008 fue el sexto país exportador de armas en el mundo, sólo por detrás de EEUU, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, según un informe que ha salido a la luz este martes.

Las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Fundació per la Pau, promotoras del texto, denuncian que el año pasado se realizaron transferencias de material de defensa por valor de 934 millones de euros, una cifra "ligeramente superior al año anterior a pesar de la crisis económica".

En 2008, según estas ONG, España habría autorizado transferencias de armas por importe de más de 3.000 millones de euros, "casi el triple de las operaciones realizadas ese año". Esto quiere decir que "hay una serie de operaciones que fueron aprobadas pero no se materializaron" en ese año.

El Ejecutivo tiene su parcela de responsabilidad. "El Gobierno sigue sin facilitar información precisa sobre los criterios que han permitido autorizar exportaciones a países con un historial preocupante como Colombia, Israel, o Sri Lanka, entre otros", denuncian.

De todo modo, una ley de 2007 obliga al Gobierno a comparecer una vez al año ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar las exportaciones de material de defensa, doble uso y material afín.

Piden el respeto de las leyes

Las cuatro ONG instan a los gobernantes el "pleno cumplimiento" de la ley española y europea a la hora de autorizar estas exportaciones, y citan como sospechosas la venta de 'aeronaves' a Colombia por valor de 110 millones de euros o de 'bombas, torpedos, misiles y cohetes' por valor de 4 millones de euros a Sri Lanka.

La entrada en vigor de la nueva normativa "ha conllevado avances", señala Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional, quien sin embargo cree que "todavía hay un largo camino por recorrer para cumplir plenamente con la legislación".

"Es imprescindible que el Gobierno explique con detalle en qué se ha basado para decidir que todas estas autorizaciones cumplen con la ley y denegar aquellas solicitudes que claramente son contrarias a la legislación", le respalda Francisco Yermo, portavoz de Intermón Oxfam.

De la misma opinión son los portavoces de Greenpeace y de la Fundació per la Pau, Mabel Bustelo y Jordi Armadáns, quienes entre otras cosas condenan las ventas de armas a Ghana bien sabiendo que "parte de esta munición se reexporta a Nigeria".

A partir del 5 de octubre, la Asamblea General de la ONU inicia los debates sobre una resolución cuyo fin es que en 2010 se convoque una Conferencia de Estados para redactar un Tratado sobre el Comercios de Armas. Se espera que España salga cuanto antes de su particular 'G8'.

Un juez obliga al Estado a repatriar a un menor expulsado ilegalmente

INMIGRACIÓN | Sentencia pionera en Madrid

Un juez obliga al Estado a repatriar a un menor expulsado ilegalmente

Rafael J. Álvarez | Madrid

Actualizado martes 29/09/2009 19:38 horas
 

Un juzgado de Madrid ha obligado al Estado a "lograr el retorno" de un menor marroquí que fue repatriado ilegalmente por el Gobierno en noviembre de 2006. En medio de unos cuantos pronunciamientos institucionales y jurídicos que se han ido produciendo en los últimos años, la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 14 de Madrid firmada ahora por el magistrado Celestino Salgado es la primera que obliga a la Administración a repatriar a un menor de edad que fue sacado de España vulnerando sus derechos. Entre otros, el de estar tutelado por el propio Estado, en este caso, la Comunidad de Madrid.

El fallo del Juzgado estima parcialmente el recurso interpuesto en su día por el abogado Nacho de la Mata contra la orden dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid y ejecutada por la Brigada Provinical de Extranjería y Documentación, las cuales "se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a derecho". Así, el juez condena a la Administración española a "adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr el retorno del recurrente a España".

Bilal El Meghraqui, que ya no es menor porque tiene 20 años, llegó a España en agosto de 2005 en los bajos de un camión. Vivió tres meses en la calle, pasó después un tiempo en un centro de acogida y vivió más tarde durante ocho meses en un piso de Mensajeros por la Paz. En ese tiempo, el chaval inició un taller de aluminio que acabó con "notas excelentes". Pero en otoño de aquel año, la Policía se lo llevó. Ahora la Justicia le da la razón.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Un comedor social a toda marcha en el corazón de El Palo

Un comedor social a toda marcha en el corazón de El Palo

Hace un año comenzó a funcionar este servicio de la ONG paleña Amfremar, que ha ofrecido hasta junio casi 5.300 comidas y cerca de 1.200 desayunos

 
Fernando Gutiérrez y una cocinera de la ONG, a punto de repartir el almuerzo ayer. Gregorio Torres 

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La ONG más grande de El Palo se llama Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados (Amfremar) y desde octubre de 2008 cuenta con un comedor social en su sede de la calle Practicante Fernández Alcolea, número 11.
"Hicimos un estudio y vimos que era necesario porque había muchas personas que no cobraban la no contributiva o incluso pensiones inferiores, personas mayores solas, indigentes...", cuenta el responsable de Amfremar, el profesor del ICET Fernando Gutiérrez.
El estudio dio en clavo y en poco tiempo se pasó de ofrecer 10 comidas al día a las 30 ó 35 diarias de la actualidad. "A veces llegamos a las 40 y no damos más gracias a la estupenda labor de Unicaja, Bancosol y la asociación de hosteleros, que reparten a diario en el barrio 18 ó 20 vales para restaurantes", destaca.
Los usuarios del comedor social, salvo los que ya vienen recomendados por Cáritas, deben presentar una documentación que demuestre su nivel de ingresos. "Además le hacemos una visita para ver cómo viven", señala Fernando Gutiérrez.
Ayer mismo, el desayuno consistió en zumo de naranja, uno o dos bollos de mantequilla y jamón york y café doble. En cuanto al almuerzo: puchero, alitas de pollo con patatas y flan. "Y encargamos bolsas de yogur y fruta para la cena".
Gracias a Bancosol, el comedor social se nutre de casi toda la fruta y verdura, mientras son varios los negocios de El Palo que colaboran con un euro al día. Además, cuenta en la actualidad con 18 voluntarios. "Hay desde una monja de la Asunción a un ingeniero industrial jubilado o la mujer de un parado", señala.
A pesar de tanta generosidad, las cuentas difícilmente cuadran. El alquiler para el local de 120 metros cuadrados es de 800 euros y juntando todos los gastos, cada plato de comida cuesta 4,10 euros. "A veces vienen personas mayores que están solas y sólo quieren compañía y pagan 2,50", destaca Fernando Gutiérrez.
Con este panorama, para fin de año la ONG necesitará unos 7.500 euros, a pesar de contar con la ayuda económica de 80 socios. Por este motivo, hace unos meses Amfremar solicitó al Ayuntamiento una subvención para costear el alquiler, ayuda pública que fue denegada por un defecto de forma. "Cuál fue nuestra sorpresa, lo denegaron porque llegó un papel de Hacienda días después del plazo, por eso hemos puesto un recurso de reposición", explica el presidente, que aboga por "la sensibilidad del alcalde".
Además, en la primera semana de octubre la ONG de El Palo acondicionará duchas para las personas indigentes. "Podrán ducharse tres veces en semana, afeitarse a diario y los fines de semana se les entregará ropa interior, pañuelos y calcetines".
Fernando Gutiérrez confiesa que el "revital" para llevar adelante esta tarea lo recibe a diario "de la farmacia" y de sus visitas a la parroquia de San Juan de la Cruz. "Dios quiera que me equivoque y haya que cerrar el comedor porque no haga falta, pero me temo que esto va a ir a más y tendremos que volcarnos más".
La dirección de internet de la ONG es www.amfremar.com y el teléfono 952 20 27 49. Además, su cuenta para colaborar es 2103 3039 79 0030004921.

domingo, 27 de septiembre de 2009

Málaga no da la talla del 0,7%

Málaga no da la talla del 0,7%

Sólo los ayuntamientos de la capital, Antequera y Vélez-Málaga superan esta cifra en las partidas contra la pobreza de sus presupuestos La provincia destina diez euros anuales por vecino al desarrollo

28.09.09 -
 
Según los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), todos los países ricos deben tener como objetivo prioritario el impulso económico y social de otras naciones más desfavorecidas. El objetivo de esta asistencia oficial al progreso se marcó en el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB), pero pocos gobiernos han apostado por este proyecto de reparto de la riqueza. Pese a todo, esta cifra se ha convertido en una reivindicación social para ayudar tanto a los países del tercer mundo como a los más necesitados dentro de las naciones pudientes.
La provincia también suspende en este objetivo del 0,7% y sólo tres localidades de las analizadas pueden presumir de tener un presupuesto solidario. Si atendemos a la media de los nueve municipios con mayor población, la inversión en proyectos contra la exclusión social en el seno de las ciudades, programas de ONG o planes de cooperación para el desarrollo, las cuentas se quedan cortas. Málaga sólo destina un 0,6% del presupuesto total, que asciende a más de 24 millones de euros. Esto supone que por cada vecino de las localidades estudiadas, apenas se dedican diez euros al año a combatir la pobreza.
Sólo llegan al 0,7% municipios como Málaga, Antequera o Vélez-Málaga. La capital designó este año 21 millones de euros de los 901 del presupuesto consolidado a la lucha contra la pobreza, tanto dentro de la ciudad como en los países en vías de desarrollo, lo que supone el 2,3% de la partida total y 37 euros por habitante. Se trata de la localidad más solidaria de la provincia, seguida de Vélez-Málaga, con un 1,06%, que invirtió 864.000 euros de los 81 totales en programas sociales y de ONG, tres veces más que el año anterior, y 11,07 euros por vecino.
Les sigue Antequera, que roza el mínimo solidario, con un 0,79% y 535.600 euros de los 67 millones del presupuesto total del Consistorio. Lo que significa 11,69 euros por ciudadano.
En el otro lado de la balanza está Coín, que se quedó en el 0,05% con 23.200 euros de los 44,2 presupuestados. Marbella se sitúa en el 0,55% con 9,36 euros por vecino y 1,2 millones de euros aportados al desarrollo de los 221 millones totales.
 
Exclusión social
Dentro de los proyectos sociales, la mayor parte de las subvenciones se las llevan iniciativas para luchar contra la exclusión en los propios municipios. Así, existen programas para atender a los mayores y a colectivos más desfavorecidos como inmigrantes, discapacitados, drogodependientes o mujeres. En la capital, por ejemplo, más de medio millón de euros se asignaron para asistir a las personas sin hogar. En Mijas, el Consistorio financia con 135.000 euros una actuación de promoción de la comunidad gitana.
Las ONG cumplen un papel fundamental en este sentido. Sólo en Málaga capital, el Ayuntamiento financia a 124 asociaciones que trabajan con colectivos en la ciudad o en planes en el extranjero. Los que lo hacen en Europa del Este, África y Sudamérica son los que presentan más iniciativas.
Este año, también se han incrementado las ayudas debido a la crisis económica. Muchas familias normalizadas han tenido que acudir a asociaciones o a los servicios sociales a solicitar apoyo ante el encarecimiento de las hipotecas y el desempleo. Por eso, los ayuntamientos se han volcado en los planes anticrisis, que se han llevado gran parte del incremento de las subvenciones. En Vélez-Málaga, por ejemplo, se ha creado un salario municipal con 500.000 euros para garantizar un sueldo y formación profesional a los parados.
Pese a todo, las ONG denuncian que estas cifras son insuficientes, más aún en tiempos de crisis. «Los ayuntamientos invertimos lo que podemos a nivel social porque somos los que más cerca estamos de los ciudadanos, pero no podemos hacer milagros», señala Mariví Romero, concejala de Asuntos Sociales de Málaga. Juan Luis Peña, presidente de la Plataforma del Voluntariado pide una reforma en la financiación de las ONG para que puedan hacer frente a las necesidades de la sociedad.

Una empresa pagará 75.000 euros a un trabajador que cayó de 4 metros


Una empresa pagará 75.000 euros a un trabajador que cayó de 4 metros

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga condena a la constructora por el accidente laboral

 
 
 
 

EP En la sentencia se estima de forma parcial la demanda presentada por la representación del trabajador, dirigida por el letrado Manuel Temboury, y se dicta tras la resolución de un Juzgado de lo Social, respecto del juicio celebrado sobre las prestaciones extras concedidas al trabajador, en la que se señalaba que hubo "infracción de medidas de seguridad".

Así, en esa resolución se declaraba probado que al descolgar uno de los módulos del tubo del aire acondicionado, subido sobre una plataforma, éste se desplazó de forma incontrolada en dirección al andamio en el que estaba el empleado, quien, para evitar que le golpeara, saltó desde la plataforma al suelo, desde una altura de unos cuatro metros.

Además, la sentencia recogía en uno de sus fundamentos que el accidente ocurrió "tal y como se indicaba en el informe de la Inspección de Trabajo", puesto que "se produce, en primer lugar, una falta de vigilancia y dirección empresarial en el método o procedimiento de trabajo que se deja inadecuadamente al criterio del trabajador".

Asimismo, concluía que el andamio "carece de las protecciones colectivas adecuadas" y que "no se acredita" que el trabajador tuviera la formación e información suficientes y adecuadas en materias de prevención de riesgos".

Ahora, esta sentencia de primera instancia considera "ciertos" los hechos declarados probados en dicha resolución del Juzgado de lo Social y se declara la responsabilidad extracontractual de la empresa en el siniestro. También declara acreditado que fueron 215 días los que tardo en curar el trabajador de sus lesiones, de los que 27 requirieron hospitalización.


«Que nos saquen de aquí como sea»

«Que nos saquen de aquí como sea»

Llevan años prometiéndoles un lugar mejor para vivir. Pero lo que empezó siendo un enclave provisional se ha convertido en su hogar. Ahora, el proyecto para construirel macrohospital en Los Asperones reaviva el debate sobre su desmantelamiento

 
«¿Dónde hay que firmar para que nos vayamos mañana mismo?», pregunta con ironía Antonio Santiago, quien afirma que le encantaría que el macrohospital se construyese en los terrenos de Los Asperones porque eso significa que las administraciones tendrían que buscar una solución definitiva a la barriada. El Ayuntamiento y la Consejería de Salud han acercado posiciones para la construcción del nuevo Carlos Haya allí, previsto inicialmente en el lagar de Oliveros.
Pese a ello, Santiago no termina de tomárselo en serio. «Llegué aquí con once años, ahora tengo 33 y cuatro hijos; mis niños se casarán, me darán nietos y seguiremos aquí», dice este vecino del núcleo marginal, que se creó hace 22 años como una solución temporal y que se ha convertido en uno de los asuntos pendientes de la capital.
 
Falso interés
«En más de dos décadas han venido a decirnos que nos sacaban de aquí más de cuarenta veces», bromea Francisca Marín, otra vecina de los Asperones. «¿Sabes qué digo yo a todos los políticos que se pasean por aquí de vez en cuando para prometernos de todo?», continúa la mujer. Pues que me da igual -se responde a sí misma-, que nosotros vivimos al día y que no nos creemos su falso interés. Han empezado a preocuparse ahora porque se han dado cuenta de lo que vale este terreno, pero cuando nos comían las ratas y teníamos problemas de falta de luz y agua nadie venía a visitarnos», indica.
Pese a la incredulidad de los vecinos, sólo hay que echar un vistazo a Los Asperones para comprobar que su desmantelamiento es cuestión de poco tiempo. La hiperronda pasa por encima de la barriada y las obras han obligado a realizar una nueva entrada en el poblado que pasa prácticamente por los patios de las viviendas.
Los trabajos de construcción llenan de polvo y tierra el aire que respiran y las amas de casa se quejan de la suciedad que generan y del peligro de que los coches pasen a unos metros de donde juegan los niños. A medio kilómetro, las nuevas casas de Soliva ya están casi terminadas. La ciudad crece hacia Los Asperones y, frente a las nuevas construcciones, la existencia del núcleo chabolista no hace más que sacar los colores a todas las administraciones.
Gran parte de los vecinos quieren salir de la barriada. Y todos están de acuerdo en que les dispersen. Asunción Millán, 'la Chunga' vivía en una chabola en la calle Castilla, en Portada Alta, cuando la instalaron en Los Asperones. Ahora, con 50 años continúa viviendo en la misma casa con sus siete hijos y 18 nietos. Como el resto de sus vecinos, 'la Chunga' ha tenido que ampliar la casa para dar cobijo a su prole. Las viviendas iniciales se han convertido en un laberinto de casitas, ampliaciones y patios donde unos y otros comparten lo que tienen. «Yo sólo pido un hogar con un pequeño patio, porque a los gitanos nos gusta plantar nuestros tomates, criar gallinas y que los niños jueguen al aire libre», dice.
Quieren que se dispersen a las familias por Málaga. «Si nos ponen de nuevo a todos juntos pero en otro sitio, seguirá siendo Los Asperones y tendremos los mismos problemas», señala. 'La Chunga' reconoce que hay peleas y que la Policía entra cada dos por tres por problemas de drogas, aunque, a veces, cogen al primero que ven y no preguntan si ha tenido la culpa.
Emilia Vega pela una caja entera de ajos en la puerta de su casa. Mañana los venderá en el mercado. También vino de la calle Castilla y lleva en la barriada desde el principio. «Nos quieren poner en pisos de alquiler y cobrarnos más de 300 euros, pero nosotros no tenemos ese dinero, trabajamos donde podemos, a veces los hombres están en la construcción; si no, vivimos de la chatarra, pero no tenemos un sueldo fijo todos los meses», dice. Cuando llegaron a Los Asperones, también pagaban un alquiler bajo. Pero pronto dejaron de abonarlo porque vieron que los demás tampoco lo hacían. Lo mismo ocurre con las facturas de luz y agua.
 
Rehabilitación
En esta barriada viven cerca de un millar de personas distribuidas en 264 familias y en otras tantas viviendas, según el censo realizado por el Ayuntamiento de Málaga. Casi el cien por cien de los habitantes son de etnia gitana. A principios de este año, la Junta, que lleva en solitario el plan de desmantelamiento a través de la Empresa de Suelo Público de Andalucía (Epsa) volvía a retrasar el traslado de la barriada y daba un plazo de cinco años. Pero si el acuerdo sobre el macrohospital sigue adelante, puede que el plazo se reduzca.
Fuentes de la delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio aseguran que están a la espera de que el alcalde, Francisco de la Torre, concrete la oferta para el centro hospitalario en Los Asperones. «Esta finca es mucho más amplia que la barriada y no sabemos aún si afectaría al poblado», dicen. Sea como sea, el plan de desmantelamiento sigue adelante y las mismas fuentes confirman que las primeras familias saldrán de la barriada antes de que acabe el año. «No sabemos aún cuántas son ni la fecha exacta de su salida, pero ya estamos buscando pisos de alquiler en otras zonas de la capital e incluso de municipios cercanos», indican.
En principio, unas cincuenta familias expresaron su deseo de abandonar la barriada cuando visitaron la oficina de rehabilitación integral instalada por la Junta. Y todas ellas reúnen los requisitos necesarios para ello. La presidenta de la Asociación Secretariado Gitano cree que serán menos, entre unas 30 y 40, las que al final puedan tener otra vivienda antes de finales de este año. Para Juan Rodríguez, uno de los afectados, el desmantelamiento no servirá de nada si no ayudan a los vecinos a encontrar un trabajo que les permita vivir con los 'payos'. «Me quiero ir, pero si tengo que seguir dedicándome a recoger chatarra, ¿dónde la voy a dejar en un piso sin patio?», señala. No es la única pregunta pendiente. Ahora más que nunca, los vecinos esperan respuestas.

sábado, 26 de septiembre de 2009

Cuidadoras de matrícula

Cuidadoras de matrícula

Casi nueve mil personas han sido dadas de alta en la Seguridad Social por atender a familiares muy enfermos. La mayoría se vuelca en ellos hasta la extenuación. Su trabajo no tiene precio

27.09.09 -
 
Isabel Ortiz Rojas, 54 años y jubilada desde hace diez a raíz de una angina de pecho, se levanta todos los días a las siete y media de la mañana. A esa misma hora suele bajar Conchi, una vecina a la que considera más que una hermana. Espabilan a la madre de Isabel y entre las dos la incorporan y la dejan un ratito sentada en la cama. Y de la cama a la silla de ruedas, y de la silla de ruedas al baño. Y luego le ponen los pañales, la visten, le secan el pelo y le dan el desayuno.
La madre de Isabel Ortiz se llama Soledad Rojas. Tiene 78 años y hace nueve o diez empezó a preguntar por el monedero, o por las llaves. Preguntaba por ellos aunque los tuviera delante. Isabel era un poco despistada, pero su madre siempre había tenido una memoria prodigiosa. Por eso a su hija, eso de que preguntara por algo que tenía delante la empezó a inquietar.
Tras las primeras pruebas, le comunicaron que su madre tenía alzhéimer y ella no lo aceptó. Aceptarlo le costó años de terapia. Todos los martes, en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, a cuya sala de manualidades no se quería asomar. Allí había otros enfermos y ella no quería ver, porque era como mirar al futuro de su madre.
 
Momentos de rebelión
La terapia de los martes sigue siendo una cita fija en su agenda. Allí se desahoga, escucha otras historias, aprende, se da cuenta de que no está sola y acepta, aunque hay veces que no puede evitar rebelarse: «¿Por qué a ella? Con todo lo malo que hay en el mundo y le ha tenido que tocar a ella. A ella, que siempre ha ayudado, que ha protegido a sus hermanos, que se ha quitado la comida de la boca; que ha estado ahí. Me da coraje». Eso dice cuando no puede evitar rebelarse.
Isabel Ortiz, a la que años después de escuchar el diagnóstico de alzhéimer se le paralizó el intestino por toda la tensión y todos los nervios agarrados al estómago, es una de las 9.000 personas de la provincia a la que la Junta de Andalucía ha dado de alta en la Seguridad Social como cuidadora de un familiar con dependencia severa, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. El 83% son mujeres.
 
Nómina y jornada
Ella percibe 385 euros al mes; tiene una jornada continua de 24 horas en la que se pueden suceder varios días sin dormir; quiere saber todo lo que le ocurre a su madre y porqué. Ha aprendido a hacer los giros sujetándola, sin hacerse ni hacerle daño; a echar agua oxigenada en el vómito de Soledad para saber si el color marrón es bilis o es sangre. Cuando va a merendar, va con ella, cuando va a la feria, va con ella, cuando queda con el grupo de terapia para comer, la lleva a ella. Muchas veces se olvida de tomarse la pastilla para sus dolencias, pero jamás olvida la medicación de su madre, que está mejor nutrida que Isabel, porque come caldo en blanco, purés de verdura, papillas de fruta, zumos, gazpacho, yogures líquidos y bebidas isotónicas: «Eso se nota en su piel, que está mejor que la mía», dice. También son mejores sus análisis.
«El trabajo de los cuidadores no está pagado», dice la delegada de Asuntos Sociales, Amparo Bilbao. «Lo que ha hecho la Ley de Dependencia es reconocer un trabajo que se venía haciendo en silencio y que no se veía», añade. Acaba de cerrar septiembre, y asegura que la Junta de Andalucía ha destinado en este mes 7'3 millones de euros al pago de las nóminas de las cuidadoras de familiares dadas de alta en la Seguridad Social.
 
No la reconoce
Desde hace tres años Soledad no reconoce a Isabel. A veces cree que su hija es su madre; a veces cree que su hija es su hermana. Otras veces la mira y sonríe, como si la viera por primera vez. Isabel tampoco reconoce a su progenitora: «Mi madre es otra. No es ella. Le ha cambiado la carita. Pero los ojos no, los ojos tienen vida». Antes de la enfermedad, Soledad jamás pronunció una palabra malsonante, pero ahora no repara en nada. «A veces parece un camionero», dice y se ríe. Se ríe mucho con su madre, porque se mete en medio de las conversaciones y habla de sus cosas. Dice que lo hace como si hubiera vuelto a la edad en la que tenía ocho años y estuviera rodeada por sus primos, tíos y hermanos. «Habla con ellos como si los tuviera al lado. A veces extiende la mano al aire y dice: 'dame'; y luego la cierra, pero enfrente no hay nadie».
Al principio también se enfadaba: «No soportaba que me acusara de esconderle las cosas, pero es que entonces yo no aceptaba lo que le estaba pasando». Con los años se descubrió contestando a la misma pregunta cincuenta veces sin perder la calma. Es una de las cosas que ha descubierto; que tiene una paciencia infinita. También que no está sola. Ahí está Conchi, su vecina, que es como su hermana, y su amiga Maribel. «Ellas me han sacado adelante», asegura. Y tiene a Laura, Esperanza, Almudena, todas trabajadoras del Centro de Enfermos de Alzhéimer y todas dispuestas a hacerle saber que ella importa mucho.

jueves, 24 de septiembre de 2009

España es uno de los países europeos con mayor cobertura sanitaria para los 'sin papeles'

España es uno de los países europeos con mayor cobertura sanitaria para los 'sin papeles'

Médicos del Mundo niega que haya una "inmigración sanitaria" y alerta del riesgo de excluir a los irregulares de la prevención frente a la gripe A.

europa press, bruselas | Actualizado 24.09.2009 - 16:44
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España es uno de los países europeos donde mayor porcentaje de población inmigrante sin permiso de residencia dispone de cobertura sanitaria, un 40%, duplicando la media europea que está situada en el 18%, según un estudio comparativo realizado por Médicos del Mundo en diez países: España, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Malta.

El informe, que se presenta en Bruselas, analiza las diez legislaciones nacionales e incluye más de 1.200 entrevistas a través de las cuales constata que, tanto en el ámbito legal como en la práctica, el derecho a la salud "no está plenamente garantizado en Europa" y que la mayoría de las leyes nacionales "discrimina abiertamente" a los 'sin papeles'.

Además, los datos derriban también el mito de la llamada 'inmigración sanitaria' porque, según los autores del análisis, estas personas no vienen a Europa para recibir tratamientos médicos ni para "aprovecharse" de los sistemas europeos de cobertura socio-sanitaria.

"Sólo el 6% de las personas citaron razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a abandonar su país y, de hecho, la migración por razones de salud no está relacionada con las condiciones más favorables de acceso a la salud para las personas sin permiso de residencia", dice el texto.

Ante este escenario, Médicos del Mundo critica que las instituciones de la UE sigan "guardando silencio" sobre la salud de estos ciudadanos de "segunda categoría". "Esta asignatura pendiente no compete sólo a los derechos sino también a la efectividad de las políticas de salud pública ya que excluye a parte de la población residente", advierte.

Así, en un contexto de vigilancia como el actual, marcado por la aparición de la gripe A, el informe considera cuanto menos "arriesgado", desde el punto de vista sanitario, apartar a un porcentaje de la población de las medidas de prevención y de tratamiento del virus H1N1 o de otras enfermedades que puedan surgir. 

En cuanto al análisis por países, el informe revela que en algunos como Suecia las personas sin permiso de residencia no tienen derecho a ninguna cobertura sanitaria gratuita, ni siquiera en caso de emergencia o parto.

En otros, como Alemania, los derechos, ya de por sí limitados legalmente, están anulados casi por completo por la obligación de denunciar a los irregulares que tienen todas las instituciones públicas. Reino Unido ofrece algún tipo de cobertura, pero deja al margen servicios sanitarios esenciales, como el tratamiento pre y post natal.

En el caso de España, los solicitantes de asilo y los que carecen de permiso de residencia tienen derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales, aunque los 'sin papeles' tienen más dificultades en cumplir con los requisitos administrativos.

Otro de los aspectos positivos que resalta el informe es que España es, junto a Francia, donde mejor se conoce la existencia de una prueba de detección gratuita del VIH/sida.

Médicos del Mundo señala igualmente que al menos cuatro de las 17 comunidades autónomas -Andalucía, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana- han adoptado un sistema más favorable, que consiste en dar la tarjeta sanitaria a todos los irregulares sin ningún tipo de condición administrativa. No obstante, la gestión de las tarjetas sanitarias para los inmigrantes irregulares varía mucho de una comunidad a otra. Además, en algunos sitios, como en Toledo, Médicos del Mundo ha detectado que las personas sin hogar, sin posibilidad de empadronarse, no acceden a la tarjeta sanitaria, y por tanto, no llegan al sistema sanitario de forma normalizada.

En Baleares existen, según la ONG, dificultades para inscribirse en el padrón, dada la exigencia de un contrato de alquiler que los propietarios no quieren facilitar; no se está atendiendo como desplazados a los extranjeros con tarjeta sanitaria de otra Comunidad Autónoma y las dificultades para acceder al certificado de su país de origen provoca una traba más para tener la tarjeta.

Además, en los servicios de urgencias de las Islas, si se carece de tarjeta sanitaria o seguro privado, los pacientes reciben un documento en el que se les dice que si en 48 no presentan alguno de los documentos requeridos, todos los gastos correrán a su cargo e incluye incluso un número de cuenta para abonar la factura, algo que, según Médicos del Mundo, crea un efecto disuasorio para las personas inmigrantes a la hora de usar los servicios de urgencia.

El bloqueo de 92 convenios frena el pago de 250 millones de euros

El bloqueo de 92 convenios frena el pago de 250 millones de euros

CCOO denuncia que los empresarios aprovechan la paralización de la negociación laboral para no abonar las subidas pactadas en los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Unos 153.600 trabajadores estarían afectados, el 53,9% de los empleados de la provincia

 
Estudio. Unos 40.000 trabajadores del sector agroalimentario están afectados por la falta de convenio.  M.R.
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MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Las cifras aportadas por CCOO son mareantes. Este sindicato asegura que los empresarios se han ahorrado 250 millones de euros en la provincia de Málaga por el bloqueo de 92 convenios colectivos, lo que ha impedido que se apliquen subidas en los sueldos que, en muchos casos, fueron pactadas en años anteriores.
Esto ha motivado el anuncio del secretario provincial de Comisiones Obreras, Antonio Herrera, que tiene la intención de concertar movilizaciones con UGT para estos meses y con el objetivo de desbloquear la negociación laboral.
Esta situación de frenazo de la negociación afecta al 53,9% de los trabajadores de empresas privadas de la provincia, lo que supone unos 153.600 empleados. Una cifra que, en opinión de Herrera, "pone en entredicho la credibilidad de las partes cuando se negocia un convenio porque no se cumple con lo acordado".
Un estudio realizado por CCOO argumenta que en Málaga hay firmados unos 120 convenios, de los que 115 debían ser revisados este año, ya fuera con una nueva negociación o aplicando los acuerdos plurianuales. "Esto se tendría que haber hecho entre el primer y el segundo trimestre, pero ya estamos en septiembre y todavía quedan 92 pendientes", aseguró el responsable provincial de CCOO.
El resultado de este bloqueo es que más de la mitad de los trabajadores de la provincia no han recibido las subidas salariales que le corresponden, lo que supone un ´tapón´ de 250 millones de euros que los empresarios se han ahorrado "y se benefician de ello de forma indebida", advierte Antonio Herrera.
Una parte de este dinero, unos 188 millones de euros, proviene de las subidas no aplicadas en los salarios "y que se quedan los empresarios", apunta Herrera. A esto habría que sumar otros 61,6 millones de euros por ingresos perdidos por la Seguridad Social al no realizarse la revisión de las cuotas sobre los sueldos.
Herrera puntualizó que el gran problema son los más de 25.000 malagueños que han dejado de trabajar este año "y que tenían que beneficiarse de las subidas pactadas desde el 1 de enero que no se han aplicado". El responsable sindical señaló que ya han perdido ese dinero "y eso ya es un beneficio para el empresario".
"Esta situación contribuye a la caída del consumo en la provincia, porque al no hacerse la revisión salarial existe una pérdida del poder adquisitivo del trabajador", analiza Antonio Herrera, quien recuerda que los dos únicos convenios sectoriales aprobados en este año son los referidos al Comercio y la Hostelería, que afectan a 129.600 trabajadores de dos sectores fundamentales de la economía malagueña. Además, habría que sumarle otros 21 convenios de empresas, muchas de ellas pymes, que afectan a otros 2.146 empleados.
No obstante, sigue siendo una mayoría de trabajadores la que se encuentra en una situación de cierta ambigüedad laboral, al regirse todavía por las condiciones del año pasado y no tener cerrado un acuerdo para 2009, cuando ya entramos en el último tramo del ejercicio.
Sectores. Gran parte de los trabajadores que esperan la revisión de sus salarios están pendientes de que se apliquen dos convenios sectoriales, en concreto el sector de la construcción y el agroalimentario, que agrupan a 108.000 empleados entre ambos.
Así, Herrera indica que son 68.000 los afectados por el bloqueo en la construcción, con unos 40,3 millones de euros que se han dejado de percibir en los salarios y 3,3 millones en concepto de subida en las cuotas de la Seguridad Social. En el caso del sector agroalimentario –"muy importante para la diversificación económica de la provincia"–, los afectados rondan los 40.000, con un "ahorro inapropiado por parte de los empresarios de 5,5 millones de euros", declaró el dirigente de CCOO.
Otro sector a la espera de que se aclare su futuro es el que agrupa a los trabajadores de enseñanza concertada, centros de atención de personas con discapacidad, de menores y autoescuelas, que aglutina a unos 7.000 empleados en la provincia a los que se les debe 5,5 millones de euros.
Movilización. CCOO espera concertar con la UGT, una vez que ésta termine su congreso provincial de este fin de semana, un calendario de movilizaciones para los próximos meses que incluya asambleas en las empresas y sectores afectados, sin descartar la posibilidad de convocar huelgas sectoriales.

martes, 22 de septiembre de 2009

La rapidez con que se trabaja, causa de accidentes

La rapidez con que se trabaja, causa de accidentes

La celeridad a la hora de trabajar produce el 45,5 por ciento de los siniestros laborales en el sector turístico

 
 
 

EFE La rapidez con la que se trabaja es la principal causa de accidente en el sector turístico, al acaparar un 45,5 por ciento de los siniestros laborales, según un estudio editado por la UGT-Málaga y financiado por la Consejería de Turismo de la Junta.

La distracción, despistes y falta de atención aparecen en un 14,4 por ciento de los casos, seguida del cansancio y la fatiga, en un 13,4 por ciento, según ha informado hoy en un comunicado el sindicato, que resalta que el estudio pone de manifiesto las "exigencias del trabajo intensivo al que está sometido el trabajador de este sector".

La siniestralidad laboral en el sector se califica de media, con un porcentaje anual de accidentes de 18,3 por ciento, y los mayores daños se producen en las manos, cuello, brazos y piernas.

Por comarcas, Antequera (9,1%) es la de menor siniestralidad, mientras que la Costa Oriental es la que registra una tasa más elevada (25,8%).

En el informe se observa también que, en función de su actividad turística, las empresas con mayor índice de siniestralidad son las de restauración, con un 23,9 por ciento de incidencias, y las que registran menos incidencias son las englobadas en el apartado de "otras empresas turísticas".

Las manos son la parte del cuerpo más accidentadas en todo tipo de empresas, las cuales también tienen en común los accidentes en los que están implicados los brazos de los trabajadores.

En restauración destacan los problemas de mantenimiento de equipos en un 15,6 por ciento, y en el resto de alojamientos, los problemas de distracción, despistes y falta de atención, con un 29,5 por ciento.

En relación a los accidentes por departamento, cocina fue el de mayor siniestralidad (un 30,15%) y mantenimiento con un 22,73 por ciento, mientras que los que representan el nivel más bajo de accidentes son los departamentos internos de gestión (administración, comercial, informática, etc) con un 8,7 por ciento, y recepción, con un 8,57 por ciento.


La desigualdad salarial entre mujeres y hombres se sitúa en el 25%


La desigualdad salarial entre mujeres y hombres se sitúa en el 25%

Según datos de 2007 recogidos por el INE, el 20,2% de las trabajadoras cobraba un sueldo menor o igual que el salario mínimo interprofesional, mientras que esta cifra entre los varones se reducía al 7%.

EFE, Madrid | Actualizado 22.09.2009 - 12:40

La ganancia media anual femenina fue de 16.943,89 euros en 2007, lo que supuso un 25,6 por ciento menos que la masculina, que ascendió a 22.780,29 euros, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2007, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La ganancia media anual por trabajador en 2007 fue de 20.390,35 euros, lo que significa un aumento del 3,6% respecto a 2006.

Por tanto, la ganancia media anual femenina en 2007 fue el 74,4% de la masculina, ratio que en 2006 fue del 73,7%, aunque esta diferencia se reduce, según el INE, si se consideran situaciones similares respecto a variables como el tipo de contrato, la jornada, la ocupación o la antigüedad, entre otros.

Según esta encuesta, la desigualdad de la distribución salarial entre hombres y mujeres "es apreciable" y, así, en 2007 el 20,2% de las mujeres tenía ingresos salariales menores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que sólo se encontraba en esa situación el 7% de los hombres.

De esta forma, el 16,7% de los hombres tuvo unos ingresos cuatro veces superiores al SMI, frente al 7,4% de las mujeres, diferencia que se explica porque hay una mayor proporción de féminas que trabajan a tiempo parcial.

Según el INE, el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario inferior y los que ganan más) fue de 16.718,44 euros, en tanto que el sueldo más frecuente fue de 14.503,61 euros.

Trabajos mejor remunerados

Por actividad económica, la "intermediación financiera" y "la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua" fueron las de mayor salario medio anual (38.870,30 euros y 34.100,97 euros, respectivamente).

Por el contrario, la hostelería, con 14.000 euros, y el comercio y reparación, con 17.473,77 euros, registraron el menor salario medio anual.

Atendiendo a la ocupación, los sueldos más altos fueron para los directivos de las empresas (un 202,4% superior al resto) y para los gerentes de empresas con menos de 10 asalariados (un 116,3% más que la media).

Las actividades menos remuneradas fueron para los trabajadores no cualificados en los servicios, excepto el transporte. Por nacionalidades, los trabajadores españoles y procedentes del resto de la UE tuvieron los salarios medios más elevados (20.876,78 euros y 17.137,2 euros, respectivamente). Por edad, los mayores de 55 años ganaron de media 23.814,81 euros y los de 25 a 34 años, 17.879,11 euros.

La jornada a tiempo completo supuso de media 22.176,45 euros, más del doble, que el de tiempo parcial, con 9.665,37 euros. Los trabajadores con contratos indefinidos percibieron 21.949,66 euros de salario medio, y los temporales, 15.053,67 euros.

Comunidades con salarios más altos

Madrid fue la comunidad con los salarios más altos en 2007, con 24.242,08 euros anuales, seguida del País Vasco (23.892,65 euros) y Navarra (22.219,46), mientras que Extremadura, con 16.298,3 euros; Murcia, con 17.173,76, y Canarias (17.189,07) registraron los más bajos.


Cada hora se producen en la provincia de Málaga tres accidentes laborales

Cada hora se producen en la provincia de Málaga tres accidentes laborales

  • Los siniestros se redujeron un 17% y los mortales, un 46%. 
  • La Fiscalía lo achaca al aumento de la conciencia y a la crisis. 
G. B.. 04.06.2009

Casi 74 accidentes laborales cada día (tres a la hora) se produjeron el año pasado en la provincia. Esta cifra, que en abstracto se antoja negativa, pierde dramatismo si se compara con lo ocurrido en 2007: han bajado un 46% los mortales (de 32 a 17), un 24,5% los graves (de 392 a 296) y un 16,9% los leves (de 31.966 a 26.565). En total, el descenso se sitúa en un 17%.

La principal causa de este descenso, según la fiscal delegada en Málaga, Miriam Martínez, es el aumento de la concienciación social, ya que la crisis sólo afectó a los meses finales de 2008. Es más, para justificarlo certificó que el número de afiliados a la Seguridad Social sólo bajó un 3,6% (de 595.274 a 574.399 personas). Lo que sí que no cambia son los sectores con mayor siniestralidad: construcción y servicios, aunque de los tres accidentes mortales de lo que va de 2009, dos se han producido en el campo.

El propio fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, reflexionó ayer sobre ese avance en la conciencia social: «Al principio la cultura en la prevención de riesgos laborales era muy frágil y ahora es muy sólida. Antes bastaba con poner a disposición de los trabajadores los medios y ahora los responsables han impuesto la exigencia de usarlos y los empleados la han asumido».

Un aspecto inquietante de los casos graves de siniestralidad es que los procesos se alargan demasiado en el tiempo, algo que justifican desde la Fiscalía en que suelen contar con muchos imputados. Martínez reconoce que los hay que duran hasta cinco años, aunque la media es que llegue el juicio a los tres o cuatro años.

Quizás por eso, la mayoría de los perjudicados suelen conformarse con las indemnizaciones que ofrecen las empresas y detienen su proceso judicial antes de esperar tanto tiempo para obtener una sentencia.

Inspección de Trabajo hará turnos 24 horas para ser más efectiva

Inspección de Trabajo hará turnos 24 horas para ser más efectiva

La Consejería de Empleo y de la Inspección de Trabajo han acordado hoy poner en marcha un turno de guardia de 24 horas a lo largo de todo el año para que los inspectores puedan acudir antes a los lugares donde se produzcan los accidentes de trabajo.
REDACCIÓN. 25.07.2006
El objetivo principal es que antes de que transcurra una hora desde que ocurrió el accidente se garantice la presencia de un inspector de trabajo en el lugar, según la Junta. Así, la rápida aparición del funcionario evitará la modificación de las circunstancias que causaron el siniestro.