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Siniestralidad
La Fiscalía actúa contra empresas sospechosas de riesgo laboral
Siniestralidad. Un operario que trabaja sin arnés en una obra. Arciniega
El Ministerio Público ha presentado ocho denuncias por falta de seguridad o situaciones de peligro, para que se investiguen posibles delitos contra los derechos de los trabajadores. Estas conductas pueden castigarse con penas de entre seis meses y tres años de prisión
RAQUEL RIVERA. MÁLAGA La falta de medidas de protección individuales, como casco o guantes, o de elementos de seguridad colectiva, como redes, vallas o barandillas en andamios podría ser castigada con penas de prisión, en el caso de que ponga en peligro la vida de un trabajador.
El Código Penal en sus artículos 316 y 317 referidos a los delitos contra los derechos de los trabajadores prevé penas de entre seis meses y tres años de cárcel para aquellos empresarios o responsables de construcciones que incumplan las normas de salud laboral.
Sin embargo, la Justicia siempre ha exigido en Málaga estas responsabilidades penales ante un accidente, ya sea de carácter leve, grave o mortal. Es decir, en condenas por delitos de homicidio imprudente o lesiones.
Tras las constantes denuncias de las agrupaciones sindicales por la "alta siniestralidad laboral", la Fiscalía de Málaga ha denunciado por primera vez casos concretos de riesgo para el trabajador, sin que se haya producido un percance. Lo que se pretende es que la Justicia se anticipe al resultado en una situación de peligro para el trabajador, así como castigar las conductas delictivas derivadas del incumplimiento de las normas de prevención, según explicó la fiscal delegada en esta materia, Miriam Martínez.
En lo que va de año el Ministerio Público ha presentado cuatro denuncias y otras cuatro querellas por casos de posible peligro para un empleado, la mayoría en el sector de la construcción.
Si estas denuncias se mantienen tras su investigación pertinente en un juzgado de instrucción, hasta el punto de dictarse la apertura de juicio oral, el infractor de una norma de prevención podría enfrentarse a penas de cárcel. En Andalucía sólo hay precedentes de condenas de cárcel por situaciones de riesgo en Sevilla y Jaén, explicó Martínez.
Las investigaciones judiciales por percances laborales se han multiplicado este año. En lo que va de año el Ministerio Fiscal ha abierto 23 diligencias, frente a las nueve de 2006.
Esto es posible gracias al convenio firmado entre sindicatos y Fiscalía para mejorar los canales de comunicación, fomentar la persecución penal de los delitos de riesgo e intensificar la prevención, según comentó Manuel Morales, responsable de salud laboral de UGT. Así, ante supuestos de incumplimiento de normas de protección, los sindicatos informan al Ministerio Fiscal para que en el caso pertinente asuma la iniciativa procesal, investigue los hechos y, si lo ve conveniente, presente una denuncia o querella.
Paralización de obras. La Inspección de Trabajo es otra vía de información para detectar situaciones de riesgo. Juan Carlos Lomeña, delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, aseguró que los 24 inspectores de la provincia -a los que en breve se sumarán seis técnicos habilitados en esta materia- han incrementado las visitas a empresas para velar por el cumplimiento de la norma y ordenar la paralización cautelar de la obra, al margen de la sanción económica que se imponga.
"La Inspección tiene un plan anual y zonas territoriales donde trabaja de forma periódica, para luchar contra la siniestralidad", aseveró el delegado. En este sentido, los inspectores paralizaron el año pasado 173 obras por riesgo grave de accidente y efectuaron 5.417 requerimientos para subsanar las deficiencias en infraestructuras o inmuebles.
Pese al trabajo de la Inspección, los sindicatos insisten en que falta vigilancia y proponen que la Policía Autonómica asuma parte de este cometido y realice visitas a empresas, sobre todo a subcontratas en la construcción.
Esta solicitud no es compartida por la Junta. Lomeña mantiene que el control es competencia de un cuerpo especializado, como es la Inspección. Añade que la vigilancia es muy importante, pero no soluciona el problema, por lo que animó a la Justicia a luchar contra los accidentes y las conductas negligentes en el trabajo.
Los sindicatos han presentado este año ante la Inspección de Trabajo unas 150 denuncias por incumplimiento de la norma de prevención de riesgos laborales o del convenio colectivo en un sector.
Según UGT, medio centenar corresponde a la construcción, ya sea por sobrepasar la jornada laboral intensiva en época estival, lo que puede causar situaciones de riesgo por el cansancio y la fatiga del trabajador, o por la carencia de elementos de seguridad individual y colectiva.
En cuanto a la seguridad individual, figuran casos como la falta de casco, gafas de protección, o chalecos reflectantes si se trabaja en la carretera. Con respecto a los elementos de protección colectivos, destacan barandillas y redes no utilizadas o huecos sin cubrir en andamios. Así, la Inspección detectó el año pasado 115 casos de desperfectos en escalaras y 79 anomalías en máquinas de trabajo.
El Código Penal en sus artículos 316 y 317 referidos a los delitos contra los derechos de los trabajadores prevé penas de entre seis meses y tres años de cárcel para aquellos empresarios o responsables de construcciones que incumplan las normas de salud laboral.
Sin embargo, la Justicia siempre ha exigido en Málaga estas responsabilidades penales ante un accidente, ya sea de carácter leve, grave o mortal. Es decir, en condenas por delitos de homicidio imprudente o lesiones.
Tras las constantes denuncias de las agrupaciones sindicales por la "alta siniestralidad laboral", la Fiscalía de Málaga ha denunciado por primera vez casos concretos de riesgo para el trabajador, sin que se haya producido un percance. Lo que se pretende es que la Justicia se anticipe al resultado en una situación de peligro para el trabajador, así como castigar las conductas delictivas derivadas del incumplimiento de las normas de prevención, según explicó la fiscal delegada en esta materia, Miriam Martínez.
En lo que va de año el Ministerio Público ha presentado cuatro denuncias y otras cuatro querellas por casos de posible peligro para un empleado, la mayoría en el sector de la construcción.
Si estas denuncias se mantienen tras su investigación pertinente en un juzgado de instrucción, hasta el punto de dictarse la apertura de juicio oral, el infractor de una norma de prevención podría enfrentarse a penas de cárcel. En Andalucía sólo hay precedentes de condenas de cárcel por situaciones de riesgo en Sevilla y Jaén, explicó Martínez.
Las investigaciones judiciales por percances laborales se han multiplicado este año. En lo que va de año el Ministerio Fiscal ha abierto 23 diligencias, frente a las nueve de 2006.
Esto es posible gracias al convenio firmado entre sindicatos y Fiscalía para mejorar los canales de comunicación, fomentar la persecución penal de los delitos de riesgo e intensificar la prevención, según comentó Manuel Morales, responsable de salud laboral de UGT. Así, ante supuestos de incumplimiento de normas de protección, los sindicatos informan al Ministerio Fiscal para que en el caso pertinente asuma la iniciativa procesal, investigue los hechos y, si lo ve conveniente, presente una denuncia o querella.
Paralización de obras. La Inspección de Trabajo es otra vía de información para detectar situaciones de riesgo. Juan Carlos Lomeña, delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, aseguró que los 24 inspectores de la provincia -a los que en breve se sumarán seis técnicos habilitados en esta materia- han incrementado las visitas a empresas para velar por el cumplimiento de la norma y ordenar la paralización cautelar de la obra, al margen de la sanción económica que se imponga.
"La Inspección tiene un plan anual y zonas territoriales donde trabaja de forma periódica, para luchar contra la siniestralidad", aseveró el delegado. En este sentido, los inspectores paralizaron el año pasado 173 obras por riesgo grave de accidente y efectuaron 5.417 requerimientos para subsanar las deficiencias en infraestructuras o inmuebles.
Pese al trabajo de la Inspección, los sindicatos insisten en que falta vigilancia y proponen que la Policía Autonómica asuma parte de este cometido y realice visitas a empresas, sobre todo a subcontratas en la construcción.
Esta solicitud no es compartida por la Junta. Lomeña mantiene que el control es competencia de un cuerpo especializado, como es la Inspección. Añade que la vigilancia es muy importante, pero no soluciona el problema, por lo que animó a la Justicia a luchar contra los accidentes y las conductas negligentes en el trabajo.
Los sindicatos han presentado este año ante la Inspección de Trabajo unas 150 denuncias por incumplimiento de la norma de prevención de riesgos laborales o del convenio colectivo en un sector.
Según UGT, medio centenar corresponde a la construcción, ya sea por sobrepasar la jornada laboral intensiva en época estival, lo que puede causar situaciones de riesgo por el cansancio y la fatiga del trabajador, o por la carencia de elementos de seguridad individual y colectiva.
En cuanto a la seguridad individual, figuran casos como la falta de casco, gafas de protección, o chalecos reflectantes si se trabaja en la carretera. Con respecto a los elementos de protección colectivos, destacan barandillas y redes no utilizadas o huecos sin cubrir en andamios. Así, la Inspección detectó el año pasado 115 casos de desperfectos en escalaras y 79 anomalías en máquinas de trabajo.
Un código de buenas prácticas para aprender y asimilar en el tajo
Fundación Laboral. Edificio en construcción donde se exhiben los elementos de protección colectiva, como redes o barandillas. J. Albiñana
Mil alumnos asisten cada año a cursos de prevención de riesgos en la Fundación Laboral de la Construcción. El convenio obliga al trabajador a formarse
RAQUEL RIVERA. MÁLAGA Cómo colocar una valla cuando se trabaja en altura; dónde enganchar el arnés o en qué supuestos se debe utilizar gafas de protección o guantes son cuestiones que se enseñan en los cursos de prevención laboral que se imparten cada año en la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía. No se trata de que el trabajador aprenda estas prácticas, sino que las asuma y aplique habitualmente para que formen parte de su rutina. De esta manera explica Elena Linares, coordinadora de la Fundación en Málaga, el objetivo de las clases formativas, a las que asisten unos mil alumnos cada año.
Con el nuevo convenio del sector de la construcción, el trabajador está obligado a recibir ocho horas de formación en prevención de riesgos (se amplían las 5 horas del plan intersectorial). Así, las empresas están obligadas a exigir a sus empleados un título que acredite su formación en materia de seguridad en el trabajo.
Cada clase, de unos 20 alumnos, recibe formación teórica y, sobre todo, práctica. El profesorado organiza visitas guiadas a un edificio en construcción ubicado en el propio centro, para que el operario sepa la distribución de los elementos de seguridad. En ocasiones, se levantan tabiques para que el alumno ponga en práctica todos los conocimientos. Las clases prácticas también incluyen la exposición de los principales equipos de protección individuales. El convenio colectivo también recoge sesenta horas formativas en prevención para los encargados de obra.
En la Fundación, ubicada en el polígono Guadalhorce, se imparten cursos especializados en otras disciplinas, como albañilería, topografía, jardinería o pintura.
La coordinadora es consciente de que la siniestralidad laboral es un problema actual en la construcción, y aboga por poner en práctica soluciones, más que profundizar en sus causas. "Hay que interiorizar toda la formación preventiva. La clave no es pensar en esos conocimientos, sino ponerlos en práctica como algo cotidiano", insiste Linares. La responsable del centro cree que en Málaga las empresas han hecho un "gran esfuerzo" por adaptarse a las normas de prevención y formar a sus empleados. Sobre las situaciones de riesgos que existen en obras, aseveró que el plan de vigilancia de la Inspección debe encargarse de detectarlas, para evitar los accidentes.
Con el nuevo convenio del sector de la construcción, el trabajador está obligado a recibir ocho horas de formación en prevención de riesgos (se amplían las 5 horas del plan intersectorial). Así, las empresas están obligadas a exigir a sus empleados un título que acredite su formación en materia de seguridad en el trabajo.
Cada clase, de unos 20 alumnos, recibe formación teórica y, sobre todo, práctica. El profesorado organiza visitas guiadas a un edificio en construcción ubicado en el propio centro, para que el operario sepa la distribución de los elementos de seguridad. En ocasiones, se levantan tabiques para que el alumno ponga en práctica todos los conocimientos. Las clases prácticas también incluyen la exposición de los principales equipos de protección individuales. El convenio colectivo también recoge sesenta horas formativas en prevención para los encargados de obra.
En la Fundación, ubicada en el polígono Guadalhorce, se imparten cursos especializados en otras disciplinas, como albañilería, topografía, jardinería o pintura.
La coordinadora es consciente de que la siniestralidad laboral es un problema actual en la construcción, y aboga por poner en práctica soluciones, más que profundizar en sus causas. "Hay que interiorizar toda la formación preventiva. La clave no es pensar en esos conocimientos, sino ponerlos en práctica como algo cotidiano", insiste Linares. La responsable del centro cree que en Málaga las empresas han hecho un "gran esfuerzo" por adaptarse a las normas de prevención y formar a sus empleados. Sobre las situaciones de riesgos que existen en obras, aseveró que el plan de vigilancia de la Inspección debe encargarse de detectarlas, para evitar los accidentes.
