La Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI) anunció, ante el Real Decreto de Ley 16/2012 que modifica las actuales prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, «en ningún caso», dejarán de dar en su práctica médica habitual en los hospitales públicos la asistencia sanitaria «a ningún ciudadano que se encuentre en situación de marginación social», como los inmigrantes 'sin papeles', al menos en lo que «a procesos infecciosos transmisibles se refiere».
Esta Junta de Personal, que se reunió recientemente para analizar los cambios que este real decreto introduce en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, calificó dicha norma de «absoluto despropósito, desde un punto de vista humanitario, sanitario y de salud pública», sumándose así a las quejas y posibles desobediencias de la norma estatal.
Por ello, esta sociedad médica demandará del Gobierno andaluz «la adopción de una serie de medidas legislativas necesarias que impidan la discriminación en la asistencia sanitaria por nivel económico o razón social de las personas».
De hecho, esta sociedad científica ya avisó que «al contrario» de lo recogido en este RDL 16/2012, «promoveremos que sea atendido el usuario, no solo con necesidades urgentes, sino también de forma ordinaria en régimen de hospitalización o ambulatoria, tal como venía siendo hasta ahora, siguiendo criterios estrictamente médicos».
Pese a reconocer que esta actitud de los galenos «es individual», esta Junta Directiva que «promoverá que sea adoptada por la mayoría de los profesionales pertenecientes a la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y, de igual manera, en otros colectivos y sociedades sanitarias».
Para este conjunto de profesionales, «excluir» de la actual cobertura sanitaria a determinados colectivos de personas, «sobre todo a los más deprimidos económicamente», es «contrario a la ética de la práctica médica e injusto socialmente».
