lunes, 30 de abril de 2012

CCOO se concentra en Málaga para conmemorar el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo

 

CCOO se concentra en Málaga para conmemorar el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo

27 de Abril de 2012 16:15h

MÁLAGA.- Alrededor de 50 personas se han concentrado esta mañana ante la sede de la Unión Provincial de CCOO de Málaga para homenajear a las víctimas de la siniestralidad laboral en la provincia, donde según los últimos datos que maneja el sindicato desde enero a marzo de este año se han registrado un total de 3.244 accidentes laborales en la provincia de Málaga

Esta mañana CCOO ha convocado una concentración para conmemorar el día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebra mañana, 28 de abril. En este acto, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Jose Diego Moreno, ha denunciado las cifras de siniestralidad laboral que cada mes se siguen registrando en la provincia de Málaga. Unas cifras, que según ha afirmado, "están empeorando con las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy". Respecto a ellas, las ha calificado de "ineficaces en el fomento de la iniciativa económica para la creación de empleo y son injustas en lo social, aumentando las desigualdades".

El representante sindical ha alertado de que "el Gobierno del PP pretende con su política convertir los centros de trabajo en factores de debilitamiento de la salud de los trabajadores, culpabilizando a quien no puede acudir justificadamente a su puesto de trabajo por enfermedades y accidentes no laborales y facilitando su despido objetivo".

Así, ha continuado explicando Moreno, "con la reforma laboral aprobada, una persona trabajadora que con 45 jornadas en dos meses, en un turno de lunes a viernes, si falta de 9 a 20 días, de manera justificada por una enfermedad común o accidente no laboral podrá ser víctima de un despido objetivo con 20 días de salario con un máximo de 12 mensualidades".

Por otro lado, el sindicalista ha anunciado que la próxima semana llegará a Málaga el 'Aula Móvil de Salud Laboral', que recorre todas las provincias de Andalucía para informar en los centros de trabajo sobre la seguridad y salud en los mismos.

En el 'Aula Móvil' también se informará de la campaña 'Cáncer cero en el Trabajo'. Respecto a ello, Moreno ha afirmado que "se pueden eliminar muchos agentes cancerígenos de los lugares de trabajo, muchos no son necesarios y otros se pueden sustituir por alternativas menos peligrosas".

domingo, 29 de abril de 2012

109 días de huelga, 109 días de lucha y solidaridad de la limpieza de Vialia

 

109 días de huelga, 109 días de lucha y solidaridad de la limpieza de Vialia

 

La huelga de la limpieza de Vialia continua, con l@s compañer@s inalterables en su convicción de alcanzar lo que por justicia les corresponde y con la permanente presencia de la policía local, que vigila todos y cada uno de los movimientos de quienes únicamente están reclamando sus derechos laborales, para seguir oprimiendo sus débiles economías con multas de 251€ cada vez que se cae un papel al suelo, mientras se desatienden accidentes de tráfico, robos y todo tipo de delitos en las calles de Málaga.

Sector Ferroviario CGT Málaga


Y es que ese es el efecto al tener el Ayuntamiento de Málaga, bajo el mandato del concejal de Seguridad, Julio Andrade, una dotación policial en exclusiva para disuadir a 8 personas de continuar la lucha contra los incumplimientos de EULEN y el esclavismo de Vialia.

Mientras la lucha sigue, las muestras de solidaridad y apoyo no cesan, como lo demuestra que miembros del reparto y dirección de la película "DRACULA 0.9" que se estrenó anoche en el festival de cine español de Málaga, hayan pasado en la mañana de hoy a dar un soplo de aire fresco e insuflar ánimos a quienes llevan 109 días ininterrumpidos, pendientes de que se respeten decisiones judiciales y de que "no les sigan chupando la sangre" y se les respeten los mínimos derechos como trabajadores/as.

También en la mañana de hoy hemos recibido sentencia del Juzgado de lo Social nº 13, por la que se deja sin efecto otra de las sanciones que EULEN había impuesto a nuestra compañera Paqui, y van tres anulaciones de sanciones de otras tantas que se le impusieron consecutivamente, ¿Cómo llamaríamos a esto? ¿Represión, persecución, discriminación…?. La política disciplinaria de Eulen nuevamente queda en entredicho.

UGT alerta de que se han producido más de 2.480 accidentes laborales en los dos primeros meses del año

 

UGT alerta de que se han producido más de 2.480 accidentes laborales en los dos primeros meses del año

27/04/2012 - 16:52
 

El sindicato UGT de Málaga ha indicado que en 2011 se registraron 18.480 accidentes laborales en la provincia, de los que 16 fueron mortales, y ha alertado de que en tan sólo los dos primeros meses de este año ya se han contabilizado 2.486.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

El sindicato UGT de Málaga ha indicado que en 2011 se registraron 18.480 accidentes laborales en la provincia, de los que 16 fueron mortales, y ha alertado de que en tan sólo los dos primeros meses de este año ya se han contabilizado 2.486.

Del total contabilizados el pasado año, 253 fueron graves, 16 mortales y 18.211 leves, según ha precisado la secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga, María Auxiliadora Jiménez, quien ha hecho una distinción entre los 'in itinere', que suponen un total de 2.780, y los en jornada, que alcanzaron los 15.700.

Jiménez ha subrayado, a través de un comunicado, que los accidentes 'in itinere' tienen "una gran importancia", pues son considerados como accidente de trabajo por ley" y ha insistido en que "es importante tener en cuenta los planes de seguridad vial que deben realizar las empresas como parte de la obligación preventiva que les viene dada por ley".

Con respecto a los accidentes por sectores, en Málaga servicios contiene el grueso de estos siniestros. De hecho, en este ámbito el pasado año se contabilizaron 10.884 accidentes laborales, de los que siete fueron mortales, 106 graves y 10.771 leves. Le sigue la construcción con 2.750 accidentes, industria con 1.782 y Agricultura y Pesca con 464.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga ha señalado que "hay una realidad y es que sigue produciéndose accidentes, sigue habiendo heridos y continúa las desgracias familiares debido a la inseguridad en el trabajo".

Por ello, "desde UGT Málaga, en este Día Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y ante los duros momentos a los que nos enfrentamos, volvemos a reivindicar el derecho de los trabajadores de esta provincia a unas condiciones de trabajo decentes, donde la salud y la seguridad laboral sean una realidad", ha manifestado.

REFORMAS LEGALES

La dirigente sindicalista también ha hecho referencia a las últimas reformas legales, las cuales "suponen un ataque frontal al conjunto de la clase trabajadora de este país, y va a tener importante repercusiones sobre la salud de los trabajadores, a los que ya ni siquiera se les permite caer enfermos, ante la posibilidad de un despido injusto y arbitrario".

"Demandamos al Gobierno de Rajoy y al Partido Popular en su conjunto la rectificación de unas medidas que suponen un retroceso hacia un pasado que todos intentábamos superar, donde la seguridad y la salud de los trabajadores eran conceptos prácticamente inexistentes en nuestro sistema de relaciones laborales", ha expresado.

Por último, ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores a la movilización "continua" en defensa de sus derechos, al tiempo que ha exigido a "todos aquellos empeñados en mentirnos, con el Partido Popular a la cabeza, que de una vez por todas asuman que es necesario reactivar el crecimiento económico y el empleo, la negociación colectiva y los derechos laborales como única salida eficaz y cierta a la crisis, y que la seguridad y la salud de los trabajadores no son un juego ni otro derecho más a recortar", ha concluido.

martes, 24 de abril de 2012

La retirada de la tarjeta puede dejar sin sanidad a 72.000 inmigrantes ilegales

 
Sanidad

La retirada de la tarjeta puede dejar sin sanidad a 72.000 inmigrantes ilegales

Los sindicatos alertan del posible colapso de las urgencias al ser el único servicio al que podrán acceder

 

MARINA FERNÁNDEZ El Real Decreto-Ley, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, dio ayer más pasos hasta publicarse en el Boletín Oficial de Estado (BOE), que desgranó las medidas que tienen como objetivo ahorrar 7.000 millones de euros. Éstas tendrán que ver con el pago de muletas, el ya anunciado copago farmacéutico por rentas, anular el turismo sanitario (con el que los extranjeros deberán acreditar estancias superiores a tres meses) y que los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca tendrán que abonar la atención sanitaria no urgente que reciban «mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial». Esto afectaría a miles de estudiantes o recién licenciados, que no han tenido la posibilidad de acceder al mercado de trabajo a causa de la crisis, aún estudian o que preparan oposiciones.

Otra medida anunciada y, sin duda, la más criticada en redes sociales, sindicatos, colegios profesionales o corrillos: poner coto a los inmigrantes irregulares, que tienen como fecha límite el 31 de agosto para regularizar su tarjeta sanitaria en condición de residentes.

La provincia de Málaga tendrá especiales problemas a la hora de poner dicha restricción, ya que contabiliza más de 72.000 extranjeros en situación irregular, según se extrae de la diferencia entre los 218.879 residentes de la UE y extracomunitarios con los 291.124 empadronados en la provincia a 31 de diciembre de 2012. Los primeros podrán acceder en septiembre como lo hacían anteriormente, pero los irregulares sólo podrán acudir a urgencias, ya que sus tarjetas sanitarias quedarán anuladas a partir del 1 de septiembre.

Según el BOE, «sólo podrán tener acceso a las urgencias para casos de enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica». A pesar de ello, sí queda garantizada la asistencia al embarazo, parto y postparto y a los menores.

Así, el responsable de Sanidad en CCOO Málaga, Rafael Delgado, manifestó que la atención inmediata se colapsará en los centros sanitarios, ya que sólo allí serán atendidos. «Somos conscientes de que en algunos casos era clamoroso el turismo sanitario, pero esto es pagar justos por pecadores», alertó.

Lo mismo piensa su homólogo en UGT, Juan Miguel Contioso, que considera una «burrada» la medida. «Aumentarán las esperas en urgencias y los profesionales tendrán que trabajar más. Esto es volver a una dictadura», apuntó. Por su parte, el presidente del Sindicato de Enfermería de Málaga (Satse), Eugenio Pérez, alertó de que el ajuste es muy duro, aunque cree que la sanidad española ha sido un reclamo, y considera que a nadie se le va a negar la atención.

El coordinador del programa de atención a inmigrantes de Médicos del Mundo de Málaga, Gabriel Ruiz, afirmó a este periódico estar «muy preocupado» por la medida. «Supone dejar de atender a una parte sangrante de la población, entre 20.000 y 50.000, a personas que están en riesgo de exclusión social que han perdido su trabajo por la crisis o por enfermedad», alerta. De este modo, lamenta que muchos de ellos han perdido o están a punto de perder la prestación por desempleo, con lo que pueden perder de manera definitiva sus permisos de residencia y, en consecuencia, dejarán de ser atendidos en centros de salud. Además, recuerda que aún hay empresarios que no contratan a sus trabajadores extranjeros, por lo que su situación es irregular.

De este modo, explica que los «sin papeles» obtenían las tarjetas sanitarias a través de organizaciones sin ánimo de lucro o con su sola identificación en los centros de atención primaria. Así, alerta de que si estas personas dejan de ser atendidas, podrán recaer en enfermedades ya erradicadas, «lo que pondrá en situación de riesgo al resto de la población. Es un problema de salud pública, se excluye a los más vulnerables y así empeorarán los indicadores».

El copago de medicamentos comenzará el 1 de julio y se excluyen algunos fármacos

El copago farmacéutico comenzará el 1 de julio. Hasta entonces, las comunidades, en este caso la Junta de Andalucía, deberá adaptarse para modificar al copago según la renta. Así, las personas que tengan rentas superiores a los 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60% del precio de los medicamentos.

Si se cobra entre 18.000 y 100.000 euros, se pagará el 50%, y si es inferior al 18.000 se pagará el 40%. Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10 por ciento.

Además, el Gobierno ha decidido excluir de la prestación los fármacos indicados para síntomas menores y los que contengan un principio activo con un perfil de seguridad y eficacia favorable. Podrían ser los mucolíticos, descongestivos o antidiarreicos.

La norma también establece un nuevo sistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados, de modo que no serán financiados aquellos fármacos que estén por debajo del precio determinado por el Ministerio de Sanidad y los que compartan principio activo con otro fármaco que se venda sin receta.


Habrá que pagar por muletas o férulas y no por prótesis de cadera o rodilla

Los ciudadanos pagarán por las prótesis externas, como muletas, sillas de ruedas o collarines, en todas las comunidades autónomas y en función de su renta, pero no tendrán que abonar nada por los implantes internos como prótesis de cadera, rodilla o mama, según los nuevos ajustes aprobados por el Gobierno central.

A estas prestaciones ortoprotésicas de pago habrá que añadir los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente, que se dispensan de manera ambulatoria, que se incluirán en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud. Todas estas prestaciones ya contaban con la aportación del usuario antes de las reformas introducidas por el Gobierno, pero ésta dependía de cada comunidad. En Andalucía no había que abonar la diferencia, como sí ocurría en otras regiones.

Por otro lado, las autonomías complementarán de otro modo, otras técnicas, tecnologías o procedimientos no contemplados en otras carteras. De este modo, las diferentes regiones deben garantizar su financiación para que se apruebe su inclusión en la cartera de servicios.

Sanidad solo atenderá a los 'sin papeles' en urgencias, embarazos y pediatría

 

Sanidad solo atenderá a los 'sin papeles' en urgencias, embarazos y pediatría

Unos 38.000 inmigrantes se verán afectados en la provincia de Málaga por los recortes aprobados por el Gobierno 

25.04.12 - 01:29 - 
Los inmigrantes 'sin papeles' tendrán más difícil recibir atención sanitaria a partir del próximo 1 de septiembre. Esta es una de las medidas de recorte incluidas en el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario aprobado el pasado viernes por el Gobierno y que se publicó ayer en Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de la citada fecha, los inmigrantes irregulares solo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el periodo del embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños y adolescentes españoles.
En la provincia de Málaga, la decisión del Gobierno afectará al menos a unos 38.000 extranjeros que no tienen regularizada su situación. Esa cifra se obtiene cruzando el padrón municipal con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. De los 114.614 inmigrantes empadronados en Málaga -exceptuando los extranjeros comunitarios-, solo 76.473 cuentan con permiso de residencia. De ellos, según el informe estadístico de la Seguridad Social, 53.449 son cotizantes. Unos 38.000 quedarían fuera de la atención sanitaria en los centros de salud. Ese número, sin embargo, podría ser mayor y situarse entre los 40.000 y 50.000, según dijo Luis Pernía, de la Plataforma de Ayuda al Inmigrante.
Por su parte, Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge, manifestó que se trata de una medida desproporcionada y no justificable por el coste económico. «Los estudios demuestran que los inmigrantes utilizan tres veces menos que los nacionales el servicio sanitario público», afirmó, y recordó que la salud de los ciudadanos que viven en España es algo que debería preocupar a todo el mundo. «Vamos a encontrarnos con un riesgo para la salud pública», precisó.
Conflictos y problemas
Limitar a los casos urgentes la asistencia a los extranjeros 'sin papeles' masificará más esos servicios, ya de por sí sobrecargados, según indicó el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tomás Toranzo. A su juicio, las urgencias serán «una fuente de conflictos y problemas». Diversos colectivos expresaron su rechazo a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.
Otra repercusión del Real Decreto-Ley es que cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, País Vasco y Cataluña- tendrán que modificar sus estatutos de autonomía para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, señaló el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo. Este experto señaló que la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad podría ser inconstitucional, porque afecta a esos estatutos de autonomía, normas de carácter orgánico, aprobadas con doble tramitación parlamentaria, que un Real Decreto-Ley no puede derogar.
Los españoles también se verán directamente afectados por la decisión gubernamental. Además de la implantación del copago farmacéutico para los pensionistas y la elevación del dinero que pagan los trabajadores en activo por las medicinas, se establece que los usuarios abonen por las prótesis externas (muletas, sillas de ruedas y collarines) por el transporte sanitario no urgente y por productos dietéticos. Igualmente, las personas mayores de 26 años que nunca hayan cotizado deberán acreditar falta de ingresos para poder recibir atención sanitaria gratuita.

lunes, 23 de abril de 2012

Trabajo detecta un fraude de más de 32 millones de euros a la Seguridad Social

 
ECONOMÍA BALANCE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN 2011 EN MÁLAGA

Trabajo detecta un fraude de más de 32 millones de euros a la Seguridad Social

Los inspectores 'cazaron' el año pasado a 283 personas que trabajaban y cobraban el paro a la vez y a 205 empresarios que se beneficiaron de esta irregularidad · Los 'olvidos' a la hora de dar de alta a los empleados continúan a la orden del día

ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 24.04.2012 - 01:00
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Un trabajador coloca un cartel reivindicativo en la fachada de su empresa.

La picaresca de las empresas y de algunos trabajadores no cesa. Ni con crisis ni sin crisis. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo realizaron el año pasado en la provincia miles de inspecciones tanto a compañías como a particulares y, una vez más, se encontraron todo tipo de anomalías en las relaciones laborales, la seguridad, la contratación de extranjeros, la economía irregular o en los fraudes a la Seguridad Social. 

En este último aspecto, uno de los más llamativos al ser el que más dinero mueve, la Inspección de Trabajo detectó un fraude de 32,76 millones de euros a las arcas públicas el año pasado en Málaga tras contabilizar un total de 2.358 infracciones, de las cuales la gran mayoría (1.388) correspondieron a aspectos relacionados con la afiliación y alta de trabajadores por cuenta ajena, es decir, no dar de alta a los empleados. No obstante, el dinero defraudado por esta circunstancias apenas ascendió a 4,4 millones de euros. El mayor fraude económico, cifrado en 16 millones de euros, se produjo por la derivación de responsabilidad. "Eso ocurre cuando, por ejemplo, una empresa ha desaparecido pero ha dejado una deuda con la Seguridad Social. Sus socios constituyen otra compañía y creen que no tienen que pagar ese importe, pero sí tienen que hacerlo. También ocurre con empresas que subcontratan o ceden servicios y no cotizan a la Seguridad Social", explica Mercedes Muñoz, la jefa de la Inspección en Málaga. 

Esos 32,7 millones de euros son el fraude que Trabajo ha conseguido descubrir -lamentablemente habrá mucho más- y tienen que abonarlo las empresas. No obstante, no solo vale devolver el dinero defraudado sino que la Inspección multó a todos los infractores con 6,53 millones de euros el año pasado. 

Otro de los aspectos clave en el balance del año de la Inspección está relacionado con lo que en este departamento llaman economía irregular, que diferencian de la sumergida porque la primera se produce entre empresas conocidas y la segunda entre firmas cuya existencia se desconoce. En materia de economía irregular, los funcionarios hicieron el año pasado 8.045 inspecciones que dieron lugar a 14.379 actuaciones -suele haber más de un acta por inspección- y se sumaron 1.747 infracciones que, entre el fraude y las multas, suponen un montante de casi cinco millones de euros. 

En este caso, la mayoría de penalizaciones se pusieron por fraudes en la contratación del personal. Sin embargo, lo que genera más alarma social es que, una vez más, los inspectores se han encontrado a numerosas personas que estaban trabajando y recibiendo algún tipo de prestación a la vez. La Inspección puso el año pasado 517 multas por esta situación, pillando a 283 personas que estaban en un empleo y cobrando el paro y a 205 empresarios que cogieron personal aún a sabiendas de que esos ciudadanos estaban recibiendo una prestación por desempleo y que, por tanto, estaban cometiendo una irregularidad. La sanción económica se pone al empresario y no al trabajador, si bien Muñoz señala que a esos falsos parados se les retira el subsidio de desempleo y no pueden recibir ningún tipo de ayuda pública o curso de formación de Empleo durante un año. 

En el apartado de relaciones laborales puras y duras (contratos, salarios, jornadas, expedientes de regulación de empleo, igualdad...) los inspectores realizaron en 2011 un total de 2.069 análisis y contabilizaron 203 infracciones por un importe de 602.961 euros. Se revisaron 7.361 contratos y más de 2.000, el 29%, tuvieron que ser convertidos en indefinidos. 

La seguridad en el puesto de trabajo es otra de las prioridades de la Inspección, que el año pasado detectó casi medio millar de infracciones en esta materia y puso multas por valor de 1,4 millones de euros. En 2011, según los datos de este organismo público, hubo 235 accidentes laborales en la provincia de los cuales 10 fueron mortales, seis muy graves, 161 graves y 58 leves. Posiblemente, algunas de esas muertes se hubieran podido evitar si las empresas o sus empleados hubieran extremado sus medidas de seguridad. La Inspección, por ejemplo, contabilizó 26 infracciones por la mala situación de escaleras, plataformas y aberturas; 15 por malas condiciones de seguridad en el trabajo; 98 por problemas con los servicios de prevención ajenos; 33 en la subcontratación de obras en la construcción; 21 en medidas de protección personal; 34 por problemas con la maquinaria; ó 35 por la evaluación de riesgos.

domingo, 22 de abril de 2012

Los ERE hasta febrero suben el 45% y los trabajadores afectados el 55%

 

EMPLEO | Expedientes de regulación de empleo

Los ERE hasta febrero suben el 45% y los trabajadores afectados el 55%

  • Se han autorizado 4.528 expedientes, que han implicado a 60.569 asalariados
  • Por causa alegada de los ERE hubo 3.035 motivadas por causas económicas
  • Murcia es la comunidad en la que más suben: un 205% más que en 2011
  • El número de expedientes baja únicamente en La Rioja

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados en los dos primeros meses del año han subido el 44,9 % respecto al mismo período de 2011, mientras que el número de trabajadores afectados se ha visto incrementado el 55%, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De acuerdo con el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL), entre enero y febrero de este año se han autorizado 4.528 expedientes, que han implicado a 60.569 asalariados.

De esos 4.528 ERE, 4.264 fueron pactados (el 61,5 % más que un año antes) para 55.535 personas (el 59,7 % más) y 264 no (el 0,7 % más) para 5.034 trabajadores (el 15,5 % más).

Según el tipo y efecto de los ERE, 759 fueron de extinción de la relación laboral (el 37,2 % más), 2.250 de suspensión (el 49,9 % más) y 1.519 de reducción (el 41,9 % más). Los de extinción se autorizaron para 10.634 trabajadores (el 38,4 % más), los de suspensión para 37.442 (el 74 % más) y los de reducción para 12.493 (el 25,7 % más).

Por sectores de actividad, 123 ERE fueron en el agrario (el 9,5 % menos que en el primer bimestre de 2011) y 4.405 para el no agrario (el 47,4 %). El sector no agrario incluye la industria (hubo 1.475 ERE, el 35,6 % más), la construcción (742, el 41,3 % más) y servicios (2.188, el 59 % más).

Los expedientes en el sector agrario se presentaron para 889 empleados (el 15,6 % más), en la industria para 31.864 (el 51,7 % más), en la construcción para 7.169 (el 44,1 % más) y en los servicios para 20.647 (el 66,6 % más).

Por causa alegada de los ERE, hubo 3.035 motivadas por causas económicas (el 72,6 % más), 64 por técnicas (el 3 % menos), 1.333 por organizativas o de producción (el 10,2 % más), 95 por fuerza mayor (el 4,4 %) y 1 por "otras".

Un 205% más en Murcia

Por comunidades autónomas, en Andalucía se aprobaron 277 ERE (el 14,9 % más), en Aragón 226 (el 41,2 % más), en Asturias 210 (el 60,3 % más), en Baleares 60 (el 46,3 % más), en Canarias 81 (el 26,5 % más), en Cantabria 156 (el 47,1 % más), en Castilla-La Mancha 155 (el 55 % más), en Castilla y León 307 (el 69,6 % más) y en Cataluña 1.059 (el 74,4 % más).

En la Comunidad Valenciana se autorizaron 629 ERE (el 14,7 % más), en Extremadura 83 (el 56,6 % más), en Galicia 306 (el 29,6 % más), en Madrid 284 (el 29,6 % más), en Murcia 110 (el 205,5 %), en Navarra 155 (el 66,6 % más), en el País Vasco 408 (el 55,1 % más), en La Rioja 18 (el 58,1 % menos) y en Ceuta y Melilla 4 (el 100 % más).

Esos expedientes autonómicos en el caso de Andalucía afectaron a 3.149 trabajadores (el 10,7 % más), en Aragón a 1.867 (el 16 % menos), en Asturias a 2.186 (el 26 % más), en Baleares a 406 (el 19,4 % menos), en Canarias a 790 (el 29,7 % más), en Cantabria a 1.299 (el 34,6 % más), en Castilla-La Mancha a 1.255 (el 27,6 % más), en Castilla y León a 5.732 (el 123,4 % más) y en Cataluña a 17.374 (el 126,1 % más).

En la Comunidad Valenciana los asalariados sumaron 6.208 (el 12,8 % más), en Extremadura 739 (el 127,3 % más), en Galicia 3.784 (el 19 % más), en Madrid 5.425 (el 49,3 % más), en Murcia 1.057 (el 234,4 % más), en Navarra 2.529 (el 92,4 % más), en el País Vasco 6.611 (el 60,8 % más), en La Rioja 135 (el 78,5 % menos) y en Ceuta y Melilla 23 (el 130 % más).

miércoles, 18 de abril de 2012

La medida del Gobierno afectará a unos 232.000 pensionistas en la provincia

 

La medida del Gobierno afectará a unos 232.000 pensionistas en la provincia

CCOO ya ha anunciado movilizaciones y anima a "tomar la calle" contra una decisión que penaliza a "mayores, enfermos y pobres"

L. GARCÍA / MÁLAGA | ACTUALIZADO 19.04.2012 - 01:00
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Dispensación con receta electrónica.

Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno fueron recibidas con duras críticas de los afectados. "Cobro mil euros de jubilación, coticé más de 40 años, solo estuve de baja una semana en mi vida y fue por un accidente laboral. He pagado toda mi vida para que no me cobren las medicinas y ahora me cobrarán. Tiene guasa". La queja era de Antonio Cruz, malagueño, de 66 años y jubilado de artes gráficas. La medida afectará a 232.071 pensionistas en la provincia que de media cobran 773 euros frente a los 826 euros de España. Según CCOO, la mitad de estos pensionistas (53%) cobran menos de 600 euros mensuales. El sindicato reprochó que el Gobierno haga recaer el peso de la crisis en "mayores, enfermos y pobres" por lo que llamó a la movilización. Para Rafael González, de Sanidad de CCOO, "es un recorte indirecto de las pensiones" ya que lo que algunos tendrán que pagar equivaldrá a un 5% de sus ingresos mensuales. 

"Una burla; el Gobierno se ha reído de las clases más desfavorecidas", fue la respuesta categórica de Juan Miguel Contioso, responsable de Sanidad de UGT. El Sindicato de Enfermería reiteró su rechazo al copago. "Y nos tememos que después vendrán recortes de plantillas, se cierren servicios, plantas y hospitales", dijo su secretario provincial, Eugenio Pérez, que avanzó que Satse denunciará cualquier recorte asistencial. Fermín Parrondo, presidente del Sindicato Médico, admitió que es difícil mantener la universalidad y gratuidad de la sanidad en "un país en bancarrota". Esta organización no rechaza el copago, pero sostiene que podrían haberse aplicado otras medidas, como el fraccionamiento de fármacos para que se ajusten exactamente a la duración del tratamiento o el control del gasto en diputaciones, agencias públicas y consejerías. "Copago sí, pero adelgazando las administraciones politizadas", resumió Parrondo. 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Javier Tudela, se manifestó en contra de que, por regla general, se cobre el 10% a los pensionistas: "Todo el mundo tiene que arrimar el hombro, pero aplicar un 10% a los pensionistas es injusto y no es equitativo. Sí a una aportación, pero en función de la renta, la situación laboral y la situación patrimonial; que sea revisable anualmente y que sea de aplicación temporal limitada a la crisis". Tudela recordó que los pensionistas representan un tercio de los pacientes, suman el 80% de las recetas y que la mayoría son pluripatológicos debido a su avanzada edad. 

El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, defendió que había que tomar medidas y que lo anunciado "no rompe el estado del bienestar". Pero luego matizó que la aplicación de algunos apartados entrañará un coste y que si es una medida aislada no conducirá a nada. "Hay que implicar a los profesionales para que optimicen los recursos, a las administraciones para que despoliticen la sanidad compitiendo unas autonomías con otras y a los ciudadanos para que hagan un uso racional de los recursos". Además, advirtió que el Colegio velará para que nadie se quede sin tomar un medicamento por una cuestión económica. 

La presidenta de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) en Málaga, Carmen Gil, criticó la medida: "El Gobierno debería haber ajustado por otros sitios porque la sanidad y las medicinas son básicas para pensionistas y jubilados". Entre los jubilados consultados ayer, hubo algunos que encajaron la medida con resignación "si sirve para algo" y otros que defendieron al Gobierno del PP "porque si los otros lo hubieran hecho bien ahora no tendríamos que pagar los pobres". Pero la mayoría arremetió contra la medida. Para Manuel Villaverde, de 87 años y "sano como una pera" es "retroceder 50 ó 60 años en derechos". María Cortés -de 76 años, que empezó a trabajar en el campo cuando se ganaban dos pesetas al día y ahora cobra 550 euros al mes- recibió la noticia con escepticismo: "Yo cuando empiezan las noticias pongo los bichos".