Sanidad solo atenderá a los 'sin papeles' en urgencias, embarazos y pediatría
Unos 38.000 inmigrantes se verán afectados en la provincia de Málaga por los recortes aprobados por el Gobierno
25.04.12 - 01:29 -
Los inmigrantes 'sin papeles' tendrán más difícil recibir atención sanitaria a partir del próximo 1 de septiembre. Esta es una de las medidas de recorte incluidas en el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario aprobado el pasado viernes por el Gobierno y que se publicó ayer en Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de la citada fecha, los inmigrantes irregulares solo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el periodo del embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños y adolescentes españoles.
En la provincia de Málaga, la decisión del Gobierno afectará al menos a unos 38.000 extranjeros que no tienen regularizada su situación. Esa cifra se obtiene cruzando el padrón municipal con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. De los 114.614 inmigrantes empadronados en Málaga -exceptuando los extranjeros comunitarios-, solo 76.473 cuentan con permiso de residencia. De ellos, según el informe estadístico de la Seguridad Social, 53.449 son cotizantes. Unos 38.000 quedarían fuera de la atención sanitaria en los centros de salud. Ese número, sin embargo, podría ser mayor y situarse entre los 40.000 y 50.000, según dijo Luis Pernía, de la Plataforma de Ayuda al Inmigrante.
Por su parte, Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge, manifestó que se trata de una medida desproporcionada y no justificable por el coste económico. «Los estudios demuestran que los inmigrantes utilizan tres veces menos que los nacionales el servicio sanitario público», afirmó, y recordó que la salud de los ciudadanos que viven en España es algo que debería preocupar a todo el mundo. «Vamos a encontrarnos con un riesgo para la salud pública», precisó.
Conflictos y problemas
Limitar a los casos urgentes la asistencia a los extranjeros 'sin papeles' masificará más esos servicios, ya de por sí sobrecargados, según indicó el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tomás Toranzo. A su juicio, las urgencias serán «una fuente de conflictos y problemas». Diversos colectivos expresaron su rechazo a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.
Otra repercusión del Real Decreto-Ley es que cuatro comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, País Vasco y Cataluña- tendrán que modificar sus estatutos de autonomía para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, señaló el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo. Este experto señaló que la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad podría ser inconstitucional, porque afecta a esos estatutos de autonomía, normas de carácter orgánico, aprobadas con doble tramitación parlamentaria, que un Real Decreto-Ley no puede derogar.
Los españoles también se verán directamente afectados por la decisión gubernamental. Además de la implantación del copago farmacéutico para los pensionistas y la elevación del dinero que pagan los trabajadores en activo por las medicinas, se establece que los usuarios abonen por las prótesis externas (muletas, sillas de ruedas y collarines) por el transporte sanitario no urgente y por productos dietéticos. Igualmente, las personas mayores de 26 años que nunca hayan cotizado deberán acreditar falta de ingresos para poder recibir atención sanitaria gratuita.
