La medida del Gobierno afectará a unos 232.000 pensionistas en la provincia
CCOO ya ha anunciado movilizaciones y anima a "tomar la calle" contra una decisión que penaliza a "mayores, enfermos y pobres"
L. GARCÍA / MÁLAGA | ACTUALIZADO 19.04.2012 - 01:00Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno fueron recibidas con duras críticas de los afectados. "Cobro mil euros de jubilación, coticé más de 40 años, solo estuve de baja una semana en mi vida y fue por un accidente laboral. He pagado toda mi vida para que no me cobren las medicinas y ahora me cobrarán. Tiene guasa". La queja era de Antonio Cruz, malagueño, de 66 años y jubilado de artes gráficas. La medida afectará a 232.071 pensionistas en la provincia que de media cobran 773 euros frente a los 826 euros de España. Según CCOO, la mitad de estos pensionistas (53%) cobran menos de 600 euros mensuales. El sindicato reprochó que el Gobierno haga recaer el peso de la crisis en "mayores, enfermos y pobres" por lo que llamó a la movilización. Para Rafael González, de Sanidad de CCOO, "es un recorte indirecto de las pensiones" ya que lo que algunos tendrán que pagar equivaldrá a un 5% de sus ingresos mensuales.
"Una burla; el Gobierno se ha reído de las clases más desfavorecidas", fue la respuesta categórica de Juan Miguel Contioso, responsable de Sanidad de UGT. El Sindicato de Enfermería reiteró su rechazo al copago. "Y nos tememos que después vendrán recortes de plantillas, se cierren servicios, plantas y hospitales", dijo su secretario provincial, Eugenio Pérez, que avanzó que Satse denunciará cualquier recorte asistencial. Fermín Parrondo, presidente del Sindicato Médico, admitió que es difícil mantener la universalidad y gratuidad de la sanidad en "un país en bancarrota". Esta organización no rechaza el copago, pero sostiene que podrían haberse aplicado otras medidas, como el fraccionamiento de fármacos para que se ajusten exactamente a la duración del tratamiento o el control del gasto en diputaciones, agencias públicas y consejerías. "Copago sí, pero adelgazando las administraciones politizadas", resumió Parrondo.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Javier Tudela, se manifestó en contra de que, por regla general, se cobre el 10% a los pensionistas: "Todo el mundo tiene que arrimar el hombro, pero aplicar un 10% a los pensionistas es injusto y no es equitativo. Sí a una aportación, pero en función de la renta, la situación laboral y la situación patrimonial; que sea revisable anualmente y que sea de aplicación temporal limitada a la crisis". Tudela recordó que los pensionistas representan un tercio de los pacientes, suman el 80% de las recetas y que la mayoría son pluripatológicos debido a su avanzada edad.
El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, defendió que había que tomar medidas y que lo anunciado "no rompe el estado del bienestar". Pero luego matizó que la aplicación de algunos apartados entrañará un coste y que si es una medida aislada no conducirá a nada. "Hay que implicar a los profesionales para que optimicen los recursos, a las administraciones para que despoliticen la sanidad compitiendo unas autonomías con otras y a los ciudadanos para que hagan un uso racional de los recursos". Además, advirtió que el Colegio velará para que nadie se quede sin tomar un medicamento por una cuestión económica.
La presidenta de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) en Málaga, Carmen Gil, criticó la medida: "El Gobierno debería haber ajustado por otros sitios porque la sanidad y las medicinas son básicas para pensionistas y jubilados". Entre los jubilados consultados ayer, hubo algunos que encajaron la medida con resignación "si sirve para algo" y otros que defendieron al Gobierno del PP "porque si los otros lo hubieran hecho bien ahora no tendríamos que pagar los pobres". Pero la mayoría arremetió contra la medida. Para Manuel Villaverde, de 87 años y "sano como una pera" es "retroceder 50 ó 60 años en derechos". María Cortés -de 76 años, que empezó a trabajar en el campo cuando se ganaban dos pesetas al día y ahora cobra 550 euros al mes- recibió la noticia con escepticismo: "Yo cuando empiezan las noticias pongo los bichos".
"Una burla; el Gobierno se ha reído de las clases más desfavorecidas", fue la respuesta categórica de Juan Miguel Contioso, responsable de Sanidad de UGT. El Sindicato de Enfermería reiteró su rechazo al copago. "Y nos tememos que después vendrán recortes de plantillas, se cierren servicios, plantas y hospitales", dijo su secretario provincial, Eugenio Pérez, que avanzó que Satse denunciará cualquier recorte asistencial. Fermín Parrondo, presidente del Sindicato Médico, admitió que es difícil mantener la universalidad y gratuidad de la sanidad en "un país en bancarrota". Esta organización no rechaza el copago, pero sostiene que podrían haberse aplicado otras medidas, como el fraccionamiento de fármacos para que se ajusten exactamente a la duración del tratamiento o el control del gasto en diputaciones, agencias públicas y consejerías. "Copago sí, pero adelgazando las administraciones politizadas", resumió Parrondo.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Javier Tudela, se manifestó en contra de que, por regla general, se cobre el 10% a los pensionistas: "Todo el mundo tiene que arrimar el hombro, pero aplicar un 10% a los pensionistas es injusto y no es equitativo. Sí a una aportación, pero en función de la renta, la situación laboral y la situación patrimonial; que sea revisable anualmente y que sea de aplicación temporal limitada a la crisis". Tudela recordó que los pensionistas representan un tercio de los pacientes, suman el 80% de las recetas y que la mayoría son pluripatológicos debido a su avanzada edad.
El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, defendió que había que tomar medidas y que lo anunciado "no rompe el estado del bienestar". Pero luego matizó que la aplicación de algunos apartados entrañará un coste y que si es una medida aislada no conducirá a nada. "Hay que implicar a los profesionales para que optimicen los recursos, a las administraciones para que despoliticen la sanidad compitiendo unas autonomías con otras y a los ciudadanos para que hagan un uso racional de los recursos". Además, advirtió que el Colegio velará para que nadie se quede sin tomar un medicamento por una cuestión económica.
La presidenta de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) en Málaga, Carmen Gil, criticó la medida: "El Gobierno debería haber ajustado por otros sitios porque la sanidad y las medicinas son básicas para pensionistas y jubilados". Entre los jubilados consultados ayer, hubo algunos que encajaron la medida con resignación "si sirve para algo" y otros que defendieron al Gobierno del PP "porque si los otros lo hubieran hecho bien ahora no tendríamos que pagar los pobres". Pero la mayoría arremetió contra la medida. Para Manuel Villaverde, de 87 años y "sano como una pera" es "retroceder 50 ó 60 años en derechos". María Cortés -de 76 años, que empezó a trabajar en el campo cuando se ganaban dos pesetas al día y ahora cobra 550 euros al mes- recibió la noticia con escepticismo: "Yo cuando empiezan las noticias pongo los bichos".
