Bienestar Social
La Junta aplaza las ayudas a las personas con dependencia
Distrito Centro. Un trabajador atiende a varias personas que solicitan las ayudas.
Chaves se compromete a normalizar la situación en tres meses. La Administración regional da las primeras prestaciones económicas la próxima semana. Se beneficiarán tan sólo 45 personas. En la provincia se ha valorado el 52% de las 9.433 solicitudes presentadas
MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA "Todos los grandes dependientes -7.800 personas calculadas en la provincia- recibirán las ayudas que contempla la nueva ley en este año 2007". Ésta ha sido la promesa repetida hasta la saciedad por los mandatarios de la Administración andaluza, responsable de la aplicación de la Ley de Dependencia. Nada más lejos de la realidad.
La Junta de Andalucía está agotando el plazo marcado por la norma (31 de diciembre) con muy pocas prestaciones concedidas y el peso de un derecho de miles de ciudadanos en el aire y sobre sus espaldas. El presidente del Gobierno regional, Manuel Chaves, se manifestó ayer en este sentido, asumiendo la demora y comprometiéndose a normalizar la situación en un plazo de tres meses. Buenas intenciones que no calman los malogrados ánimos ciudadanos.
La provincia. Según los últimos datos facilitados por el Ejecutivo regional de las 9.433 solicitudes recibidas en la provincia por ancianos o discapacitados han sido valoradas el 52%. Hasta el momento no se ha concedido ninguna ayuda en Málaga, tan sólo las denominadas pasarela (niveles altos de discapacidad que no necesitan valoración) que benefician a día de hoy a 1.300 malagueños.
La ley entró en vigor en 2007 y casi un año después los resultados no son visibles, aunque la Administración regional se afana en escudarse y protegerse detrás de la complejidad que ha supuesto la puesta en marcha de la norma. La primera fecha para la llegada de las ayudas, tras iniciar el proceso de presentación de solicitudes a finales de abril, fue junio de 2007 para pasar posteriormente a la incertidumbre y finalmente a diciembre. Fuentes de esta administración aseguraron que está previsto otorgar próximamente -hoy mismo o a lo largo de la semana que viene- las primeras ayudas económicas. Serán un total de 45 familias andaluzas que se beneficiarán de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (cuidadores). Percibirán entre 390 y 487 euros mensuales, según el grado de minusvalía del afectado.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta se ha negado a facilitar datos actualizados -los incluidos son los últimos hechos públicos, relativos al 30 de octubre de 2007- acerca de la situación de los dependientes en la provincia de Málaga y tampoco ha podido precisar a este periódico si alguna de estas 45 familias reside en la provincia. Las ayudas tendrán carácter retroactivo.
La ley marca unos plazos para que el dependiente reciba respuesta a sus peticiones. Tres meses para la valoración de su grado de minusvalía y otros tres para la ejecución del plan individualizado y la concesión de la ayuda. Hay familias que han acudido incluso a los tribunales por el incumplimiento de estos plazos. Mientras, los políticos se enzarzan en polémicas dialécticas en el Parlamento andaluz. Chaves defendió ayer la actuación del Gobierno frente a las acusaciones de "improvisación" y "campaña engañosa" lanzadas por la oposición.
La Junta de Andalucía está agotando el plazo marcado por la norma (31 de diciembre) con muy pocas prestaciones concedidas y el peso de un derecho de miles de ciudadanos en el aire y sobre sus espaldas. El presidente del Gobierno regional, Manuel Chaves, se manifestó ayer en este sentido, asumiendo la demora y comprometiéndose a normalizar la situación en un plazo de tres meses. Buenas intenciones que no calman los malogrados ánimos ciudadanos.
La provincia. Según los últimos datos facilitados por el Ejecutivo regional de las 9.433 solicitudes recibidas en la provincia por ancianos o discapacitados han sido valoradas el 52%. Hasta el momento no se ha concedido ninguna ayuda en Málaga, tan sólo las denominadas pasarela (niveles altos de discapacidad que no necesitan valoración) que benefician a día de hoy a 1.300 malagueños.
La ley entró en vigor en 2007 y casi un año después los resultados no son visibles, aunque la Administración regional se afana en escudarse y protegerse detrás de la complejidad que ha supuesto la puesta en marcha de la norma. La primera fecha para la llegada de las ayudas, tras iniciar el proceso de presentación de solicitudes a finales de abril, fue junio de 2007 para pasar posteriormente a la incertidumbre y finalmente a diciembre. Fuentes de esta administración aseguraron que está previsto otorgar próximamente -hoy mismo o a lo largo de la semana que viene- las primeras ayudas económicas. Serán un total de 45 familias andaluzas que se beneficiarán de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (cuidadores). Percibirán entre 390 y 487 euros mensuales, según el grado de minusvalía del afectado.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta se ha negado a facilitar datos actualizados -los incluidos son los últimos hechos públicos, relativos al 30 de octubre de 2007- acerca de la situación de los dependientes en la provincia de Málaga y tampoco ha podido precisar a este periódico si alguna de estas 45 familias reside en la provincia. Las ayudas tendrán carácter retroactivo.
La ley marca unos plazos para que el dependiente reciba respuesta a sus peticiones. Tres meses para la valoración de su grado de minusvalía y otros tres para la ejecución del plan individualizado y la concesión de la ayuda. Hay familias que han acudido incluso a los tribunales por el incumplimiento de estos plazos. Mientras, los políticos se enzarzan en polémicas dialécticas en el Parlamento andaluz. Chaves defendió ayer la actuación del Gobierno frente a las acusaciones de "improvisación" y "campaña engañosa" lanzadas por la oposición.
Estepona recibe 265 solicitudes para ayudas
El Ayuntamiento de Estepona ha recibido 265 solicitudes conforme a la Ley de Dependencia, de las cuales la Junta ha autorizado 60, según informó ayer el concejal de Bienestar Social, David Valadez en unas jornadas sobre la norma.
El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, destacó que la Ley de Dependencia se ha convertido en una prioridad de la política social del Ayuntamiento. Desde que entró en vigor, el Ayuntamiento cuenta con cuatro trabajadores sociales más que se dedican exclusivamente a atender tareas relacionadas con la ley. Noelia Andrade. Estepona
PUNTO DE VISTA: La tortilla sin huevos
Una suculenta y esponjosa tortilla de patatas es un plato sencillo de elaborar, y rico, rico. Pero es imposible hacer una tortilla de patatas sin huevos. Y menos aún sin patatas. La Ley de Dependencia es una magnífica iniciativa. Una ley justa y necesaria para un amplio colectivo de personas que sufren algún tipo de discapacidad. En Málaga hay 7.800 grandes dependientes, que requieren estas ayudas, simplemente, para poder vivir. Sin embargo, da la sensación de que el Gobierno ha querido hacer una tortilla sin huevos, volviendo al símil. Sin prever todas los ingredientes necesarios para ello, ya que, a día de hoy, ninguna familia ha recibido las ayudas comprometidas. Y eso que durante este año 2007, que a punto está de concluir, las distintas comunidades se habían comprometido a culminar la aplicación de una ley que entró en vigor en enero, tras ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero el mensaje lanzado tanto desde el Gobierno central como el andaluz era que todo estaba listo para empezar. Ayer, Chaves tuvo que reconocer en el Parlamento que existen demoras. Puede parecer baladí para quienes no requieren de terceros para poder incorporarse de la cama, o alimentarse o ir al baño. Para ellos, y para sus familias, un sólo día de retraso es un largo día más de sufrimiento. La Ley de Dependencia se muestra como una ley improvisada.
