[http://www.laopiniondemalaga.es/nacional/2011/04/10/33-dependientes-recibe-ayuda/414808.html]
Ley de dependencia
El 33% de los dependientes no recibe ninguna ayuda
El INE calcula que unas 350.000 personas no disponen de cobertura tres años después de que se aprobase la ley
OTR PRESS/ MADRID Tras más de tres años en vigor, el Instituto Nacional de Estadística(INE) ha hecho balance de la Ley de Autonomía Personal y Atención en Situación de Dependencia, con un informe que muestra que unas 350.000 personas, que representan el 32,7% de los dependientes, no reciben ningún tipo de ayudas. También sobre dependencia habla el Defensor del Pueblo en su Memoria 2010, en la que destaca el aumento de las quejas por la demora en las prestaciones.
En 2008, un anciano de 86 años enfermo de Alzheimer y su cuidadora, su mujer de 79 años, acudieron a la administración para requerir una prestación por dependencia. Pese a ser valorado como 'gran dependiente', el matrimonio entró en una larga lista de espera. Finalmente, ante la demora en aprobar la prestación requerida, le concedieron de forma temporal una plaza en una residencia. Ayuda que pronto se le acabaría al anciano que tuvo que volver al domicilio, donde falleció sin recibir la llamada oportuna de la administración.
En el caso de este anciano, puesto como ejemplo en la Memora 2010, elaborada por el Defensor del Pueblo, se podrían ver reflejados el 32,7 por ciento de los dependientes (350.834 personas), que según datos del Instituto Nacional de Estadística, no está recibiendo ningún servicio o prestación a la que tiene derecho de acuerdo con la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
La información estadística apunta que hasta el 1 de abril de 2011, del millón de dependientes que cuentan con un dictamen favorable (1,07 millones de personas), son beneficiarias 350.834 personas. Esta lista de espera ha crecido desde finales de 2010 debido a que el pasado mes de enero se incorporaron al sistema 148.193 'dependientes moderados' (grado 1 nivel 2).
En cuanto al tipo de prestaciones y servicios, las administraciones se decantan por las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar, que continúan siendo las mayoritarias, ya que suponen más del 47 por ciento del total. Muy por debajo se encuentran la atención en residencia, que representa el 14,8 por ciento, la ayuda a domicilio el 12,6%, la teleasistencia el 11,1%, la prestación económica vinculada a un servicio el 6,3%, los centros de día el 5,9%, la autonomía y prevención de la dependencia algo más del uno por ciento y la ayuda económica por asistencia personal el 0,08%.
Esta es una de la conclusiones contenidas en la Memoria 2010, elaborada por el Defensor del Pueblo, en la que se pone de relieve las reclamaciones de los ciudadanos sobre el desarrollo de esta norma que fue aprobada en 2007. Además, la institución señala Madrid y Valencia como las comunidades donde se reciben más quejas.
Así, el informe de la institución que dirige María Luis Cava de Llano, señala que "las quejas se focalizan en las demoras y consecuentemente en la fecha de efectos que se concede al reconocimiento de las prestaciones", lo que ha llevado a muchos ciudadanos a acudir a los tribunales, sometiéndose a un procedimiento "largo y costoso", para que les sean reconocidos dichos derechos.
De ahí que el informe explica que cuando resulta "necesario" acceder a una plaza de atención residencial por ser insostenible la situación de una persona en su domicilio, "parece inadecuado que necesite esperar, en muchos casos, más de un año a que se valore su grado de dependencia y, a continuación se inicie el programa individual de atención, con lo que el acceso al centro se demora aún más".
En 2008, un anciano de 86 años enfermo de Alzheimer y su cuidadora, su mujer de 79 años, acudieron a la administración para requerir una prestación por dependencia. Pese a ser valorado como 'gran dependiente', el matrimonio entró en una larga lista de espera. Finalmente, ante la demora en aprobar la prestación requerida, le concedieron de forma temporal una plaza en una residencia. Ayuda que pronto se le acabaría al anciano que tuvo que volver al domicilio, donde falleció sin recibir la llamada oportuna de la administración.
En el caso de este anciano, puesto como ejemplo en la Memora 2010, elaborada por el Defensor del Pueblo, se podrían ver reflejados el 32,7 por ciento de los dependientes (350.834 personas), que según datos del Instituto Nacional de Estadística, no está recibiendo ningún servicio o prestación a la que tiene derecho de acuerdo con la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
La información estadística apunta que hasta el 1 de abril de 2011, del millón de dependientes que cuentan con un dictamen favorable (1,07 millones de personas), son beneficiarias 350.834 personas. Esta lista de espera ha crecido desde finales de 2010 debido a que el pasado mes de enero se incorporaron al sistema 148.193 'dependientes moderados' (grado 1 nivel 2).
En cuanto al tipo de prestaciones y servicios, las administraciones se decantan por las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar, que continúan siendo las mayoritarias, ya que suponen más del 47 por ciento del total. Muy por debajo se encuentran la atención en residencia, que representa el 14,8 por ciento, la ayuda a domicilio el 12,6%, la teleasistencia el 11,1%, la prestación económica vinculada a un servicio el 6,3%, los centros de día el 5,9%, la autonomía y prevención de la dependencia algo más del uno por ciento y la ayuda económica por asistencia personal el 0,08%.
Esta es una de la conclusiones contenidas en la Memoria 2010, elaborada por el Defensor del Pueblo, en la que se pone de relieve las reclamaciones de los ciudadanos sobre el desarrollo de esta norma que fue aprobada en 2007. Además, la institución señala Madrid y Valencia como las comunidades donde se reciben más quejas.
Así, el informe de la institución que dirige María Luis Cava de Llano, señala que "las quejas se focalizan en las demoras y consecuentemente en la fecha de efectos que se concede al reconocimiento de las prestaciones", lo que ha llevado a muchos ciudadanos a acudir a los tribunales, sometiéndose a un procedimiento "largo y costoso", para que les sean reconocidos dichos derechos.
De ahí que el informe explica que cuando resulta "necesario" acceder a una plaza de atención residencial por ser insostenible la situación de una persona en su domicilio, "parece inadecuado que necesite esperar, en muchos casos, más de un año a que se valore su grado de dependencia y, a continuación se inicie el programa individual de atención, con lo que el acceso al centro se demora aún más".
