Ocho propuestas para una democracia más justa e igualitaria
Eliminar los privilegios de los políticos, reducir el gasto militar o extender el derecho a la vivienda son algunas de las propuestas que ha aprobado la Asamblea de Málaga
MOVIMIENTO 15-M DE MÁLAGA El Movimiento del 15 de Mayo no consiste sólo en tomar las plazas. La Asamblea de Málaga ha consensuado y asumido como propias las ocho propuestas de la Plataforma Democracia Real Ya (DRY), que son de vital importancia para conseguir una democracia más justa e igualitaria:
1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA: Les hemos votado, ¡pero no nos representan! No presentan propuestas que satisfagan nuestras necesidades y aprovechan sus puestos para lucrarse mientras los ciudadanos nos ahogamos para pagar las facturas. El absentismo de los cargos electos de sus puestos en las distintas cámaras es una realidad. Desde el Movimiento 15-M pensamos que se necesita un mayor control ciudadano sobre el trabajo de los diputados, que deben rendir cuentas ante las provincias que los han elegido y ante los ciudadanos que han confiado en ellos. Asimismo, exigimos la supresión de sus privilegios: son los únicos funcionarios que pueden recibir más de un salario del erario público. ¡Y qué salarios! Hay alcaldes de municipios malagueños que han llegado a cobrar más de 94.000 euros al año, como Pedro Fernández Montes en Torremolinos, por encima de los emolumentos de Zapatero. Lo razonable es tener una generación de políticos capaces de autoimponerse mediante ley una equiparación de sus sueldos al salario medio español para dejar de aprovecharse de nosotros, los ciudadanos que les hemos votado.
Otro ejercicio de responsabilidad política sería la reducción de los cargos de confianza o de libre designación, ejemplo flagrante del enchufismo de sus amigos en puestos para los que no están capacitados. La publicación del patrimonio de los cargos electos, con total claridad y accesibilidad, no perdidos entre líneas en los boletines oficiales, se convertiría en prueba de transparencia y buena fe, así como la supresión de la inmunidad asociada al cargo, que constituye un absurdo del sistema: se les elige para gobernar desde la legalidad, es ilógico que sus cargos tengan inmunidad penal. Casi tan ilógico como que los imputados por corrupción sigan presentándose a las elecciones y ocupando cargos públicos, como Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín El Grande.
2. CONTRA EL DESEMPLEO: El trabajo es vital para el desarrollo de las personas y de las economías. Por eso, el objetivo del pleno empleo (menos del 5 por ciento de desempleo) es irrenunciable y debe ser una prioridad de todos los gobiernos. No podemos acostumbrarnos a ver crecer la cola del paro. Por ello, proponemos el reparto del empleo para que todo el que quiera trabajar pueda hacerlo. Exigimos el retorno a los 65 años como edad de jubilación, sin posibilidad de aumento hasta acabar con el paro juvenil, así como el restablecimiento del subsidio a los desempleados de larga duración.
Se habla mucho de las ayudas a los parados, pero no de las subvenciones millonarias que reciben las empresas y que deberían quedar supeditadas en todo momento al tipo de empleo que creen, que debe ser estable y de calidad. Además, las compañías que obtengan beneficios no podrían plantear despidos colectivos, como acaba de hacer Telefónica. ¿Cómo se puede permitir que tras obtener 10.000 millones de euros en beneficios en 2010, imponga un ERE y eche a más de 6.000 personas a la calle? ¡Es inaceptable!
3. DERECHO A LA VIVIENDA: Que más de 1,3 millones de familias en España tengan a todos sus miembros sin trabajo exige que se tomen medidas claras y contundentes para combatir las situaciones de pobreza que el paro genera. La dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas, es decir, que con la entrega del piso la deuda quede saldada con el banco, es una medida fundamental para evitar el sobreendeudamiento y el empobrecimiento progresivo presente y futuro de muchas familias.
Además, España debe dar salida al stock de vivienda nueva, colocándola en régimen de alquiler protegido tras su expropiación por el Estado. El derecho a la vivienda también se hace efectivo ayudando a los jóvenes y personas de bajos recursos con sus alquileres. La política de vivienda es un pilar básico del estado de bienestar, pero ha sido olvidado deliberadamente por el tándem políticos-constructoras, en un intento de hacer negocio a base de explotar a los salarios medios. Una de las consecuencias es la burbuja inmobiliaria que tanto nos está afectando a todos.
4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD: No nos conformamos con lo que hay, porque es absolutamente mejorable, reduciendo gastos inútiles en las Administraciones Públicas y aumentando la contratación de profesores o personal sanitario; bajando el precio de las matrículas universitarias, procurando un transporte público, barato, de calidad y sostenible; y aplicando de forma efectiva la Ley de Dependencia. Al contrario de lo que se dice, España es el país que menos personas tiene trabajando en los servicios públicos del estado del bienestar, como Sanidad, Educación o Servicios Sociales. Si nos equiparáramos con otros países, como los nórdicos o los centrales, habríamos reducido en varios millones en nivel de paro y creado empleo estable y de calidad, lo que supondría también ingresos para el Estado.
5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS: Entre 2008 y 2011, España ha inyectado 230.000 millones de euros en los bancos. Unas cifras desorbitadas y alarmantes en plena crisis, sobre todo cuando se trata de unos rescates a fondo perdido, es decir, una apropiación indebida de ese dinero que es de todos. La alternativa no es dejar que los bancos se hundan, si no tener representantes públicos en sus consejos de administración, nacionalizarlos. Abogamos por la aplicación de un código deontológico bancario para luchar contra la mala praxis que ha generado la crisis y engañado a miles de familias, acabando con sus ahorros. En consecuencia, los impuestos a la banca deben incrementarse hasta cubrir el gasto social que crean las entidades. De la misma manera, hay que imponer a los bancos medidas que impidan que esos impuestos repercutan en sus clientes, es decir, en los ciudadanos.
6. FISCALIDAD: La crisis, que la paguen los ricos, que se benefician como todos de los servicios públicos de nuestro país, pero que a la hora de poner su parte escurren el bulto. Se acabó el asfixiar a las clases medias y trabajadoras. Exigimos la subida de impuestos para las grandes fortunas y los bancos y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, eliminado hace dos años con la connivencia de PP y PSOE y que grava a las fortunas mayores, y no a las clases medias, como argumentaron entonces.
Pedimos la investigación y eliminación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), clubes de millonarios que tributan al 1% (cuando un ciudadano de a pie lo hace al 18%) y que son paraísos fiscales encubiertos en territorio nacional. En 2009 había más de 3.300 SICAV operando en España, con un patrimonio bajo gestión de más de 27.000 millones. De hecho, el mismísimo portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado denuncia que la mayoría de las SICAV no cumplen la legalidad.
Y por supuesto, hay que controlar el fraude fiscal, que en España supone la pérdida de 80.000 millones de euros cada año. Eso sí, olvídese usted de declarar 200 euros, que Hacienda vendrá corriendo a reclamárselos. ¿Por qué a los pequeños capitales sí, y no a los grandes? Un control monetario que debe extenderse a la fuga de capitales a paraísos fiscales, en los que se calcula que operan un 70% de las empresas españolas en el IBEX 35, según un Estudio del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Este terrorismo fiscal también provoca muertes, eludiendo el pago de cientos de miles de millones de euros que Estado deja de ingresar y por lo tanto de invertir para el bien de los ciudadanos. Una medida más para evitar la evasión de capitales es la promoción internacional de medidas como la tasa Tobin, un impuesto a las transacciones internacionales del mercado financiero que permitiría controlarlas para que dejemos de ser sus marionetas y evitar que hagan a España lo que hicieron con Grecia.
7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Exigimos la absoluta efectividad de nuestros derechos constitucionales como el de la libertad de expresión, garantizado por el artículo 20 de la Carta Magna. Por lo tanto, hay que eliminar cualquier control sobre Internet, incluida la Ley Sinde, y proteger la libertad de información y fomentando el periodismo de investigación libre e independiente.
Se debe dar potestad al pueblo para opinar en referendos con carácter vinculante, fomentando una democracia participativa real a través de la cual la ciudadanía recupere el espacio público y desarrolle sus propias estrategias para intervenir en el entorno que la rodea. Estos referendos se celebrarían también con las medidas dictadas por la UE.
Exigimos la modificación de la Ley Electoral, de forma que garantice un sistema representativo y proporcional para evitar la sobrerrepresentación de los dos partidos mayoritarios y luchar contra el bipartidismo, que no hace más que dañar el sistema democrático y reflejar los intereses del oligopolio empresarial actual.
En la actualidad, los tribunales que deciden el futuro de nuestras leyes reproducen la lucha bipartidista de las cámaras de representantes. Por ello, la independencia del Poder Ejecutivo se presenta como otro de los grandes retos en un país donde, excepto en los tribunales de primera instancia, todos los jueces son nombrados de forma directa o indirecta por el Ejecutivo.
8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR: Los recortes sociales crecen casi tanto como los gastos militares. Desde 2004, se han gastado 4.200 millones de euros en misiones militares en el exterior, mientras que la congelación de pensiones "ahorró" 1.500 euros y la eliminación del cheque bebé, 1.250 millones.
