Los grandes municipios denuncian recortes en ayudas sociales
La Junta ha disminuido en Málaga la cuantía para servicios comunitarios, pago de nóminas, o programas de atención
MATUCHA GARCÍA La Junta de Andalucía ha recortado las inversiones en política social en la provincia. Así lo denuncian los principales ayuntamientos de Málaga y lo corroboran las diferentes órdenes de concesión de ayudas y subvenciones que se publican una vez aprobadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultadas por este periódico.
Claro que detrás de esta afirmación generalizada e irrefutable existen excepciones y casos particulares según los programas. Pero, en definitiva, los consistorios malagueños denuncian una importante marcha atrás y una merma en planes vitales para los colectivos más desfavorecidos e incluso para la sostenibilidad y el mantenimiento del sistema, ya que ha descendido la aportación en partidas para el pago de las nóminas de los trabajadores de los servicios sociales comunitarios, que son la puerta de entrada al sistema de prestaciones y ayuda social.
Por ejemplo, en la orden relativa a la financiación de los servicios sociales comunitarios en 2011 seis ayuntamientos y la Diputación provincial han recibido menos inversión que en 2010. Aunque hay consistorios que suben, la partida global destinada a la provincia de Málaga baja en casi 300.000 euros.
Más pronunciada es la caída relativa al fondo autonómico de inmigración, con un descenso en la provincia del 29% menos de dinero en 2011 y en relación a 2010, teniendo en cuenta además que en el presente ejercicio se da cobertura a 19 ayuntamientos frente a los 17 de 2010. Alhaurín de la Torre, Antequera, Benalmádena, Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torrox o Vélez Málaga sufren descensos considerables en este programa, según refleja la orden del BOJA.
Ayuntamiento de Málaga
El concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, denuncia recortes de hasta el 50% de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en programas sociales básicos de atención a los más necesitados. «Hablamos además de partidas que mantienen al personal de los servicios sociales comunitarios, lo que denominamos atención primaria», explicó el edil, que estuvo acompañado en rueda de prensa por la directora del área, Ruth Sarabia, y la jefa de sección de los servicios sociales comunitarios, María Auxiliadora Martínez.
Hasta 300.000 euros menos de subvención «hasta el momento» subraya Pomares. El concejal asegura que la asistencia en el municipio está garantizada, ya que el Consistorio asumirá estos gastos. Concretamente, el Ayuntamiento de Málaga ha recibido 4.539 euros menos del fondo autonómico de inmigración con un descenso del 20%. El programa de zonas con necesidades de transformación social cae un 50% (menos 76.000 euros) y también se ha producido una bajada de 142.000 euros (-3,48%) en el plan de financiación de los servicios sociales comunitarios.
El Consistorio incluye además bajadas ya planificadas y relativas a 2012 del programa de tratamiento de familias con menores (-5% y 25.450 euros menos) o descensos de 2010 en relación a 2009 de hasta el 64% en el fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes (40.000 euros menos).
Pero la denuncia es generalizada. La edil de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, Inmaculada Matamoros (PP), indica que se han recortado en distintos programas como «en Tratamiento Familiar, cuyo descenso ha sido de un 5% en la subvenciones». El Ayuntamiento de Coín, por su parte, informa de que recibirá menos fondos de la Junta para financiar el programa de absentismo escolar. Solicitó un importe de 9.000 euros para este capítulo pero ha recibido 3.000 euros.
Además, no todos los consistorios pueden hacer frente a los recortes. En Estepona fuentes municipales señalan que la Junta ha reducido la asignación para el convenio de tratamiento familiar con menores. Este servicio contaba en años anteriores con una subvención de 138.000 euros que ha pasado a 131.000 actualmente, además de otras subvenciones solicitadas y denegadas directamente. En principio, el Consistorio intentará dar los mismos servicios con menos presupuesto porque la situación económica del ayuntamiento le impide reponer estas cuantías.
También denuncian esta situación Nerja y Antequera. En esta última localidad se señala que el recorte ha sido generalizado. Es por ello que el área de Asuntos Sociales y Familia ya ha contemplado el aumento de un 16% en el presupuesto. «Las partidas destinadas a programas sociales que dependen del ente autonómico se han visto todas rebajadas pero hay reducciones muy llamativas que llegan incluso al 50%. Recuerdo el programa de absentismo escolar que ha pasado de 11.000 a 5.500 euros. Además, se están retrasando pagos destinados a programas de una gran importancia social», detalló el concejal José Luque.
El Ayuntamiento de Fuengirola señala también que, efectivamente, se ha producido un descenso de la aportación económica que la Junta remite en concepto de ayudas a políticas de bienestar social. El concejal del ramo, Francisco José Martín, dice que el Ejecutivo autonómico ha recortado un 66% en el fondo para ayuda a los inmigrantes. «Antes destinaban 66.000 euros y, ahora, 22.000», comenta.
El delegado municipal de Bienestar Social de Ronda, Antonio Arenas, manifiesta que «no sólo se han producido recortes, sino también retrasos en el pago en todos los programas».
En Rincón de la Victoria, la concejala Lola Aguilar (PP) indica que aún no se han notado los recortes de la Junta, «aunque en una reunión hace dos semanas con la delegada de Bienestar Social, Ana Navarro, ya nos informaron de que se producirían recortes en proyectos concretos, como Drogodependencia e Inmigración».
Por su parte, la Junta de Andalucía defendió ayer sus políticas de Bienestar Social. La delegada del ramo, Ana Navarro, lamentó que el Ayuntamiento de Málaga «trate de crear alarma social como estrategia electoral» y le ofreció de nuevo su colaboración en el marco del trabajo conjunto. Navarro lamentó que se convierta la política social en una guerra de cifras.
