domingo, 16 de septiembre de 2007

La Fiscalía reclama más inspecciones para combatir los accidentes de trabajo

La Fiscalía reclama más inspecciones para combatir los accidentes de trabajo




16/09/2007 08:00 CHARO SOLÍS. SEVILLA. Prevención, control, persecución administrativa y penal son los tres pilares sobre los que se asienta el edificio de la lucha contra la siniestralidad laboral en la construcción. Un sector en el que la formación, inspección y sentencias condenatorias empiezan a dar resultado, pero queda aún lejos del objetivo de que nadie pierda la vida en el tajo. En lo que va de año, del centenar de personas que se dejó la vida trabajando, el 50 por ciento fue entre ladrillos. Ante este porcentaje en leve retroceso que oculta víctimas con nombres y apellidos, la preocupación de empresarios, sindicatos, administraciones y Fiscalía se canaliza en una misma línea de trabajo: la instauración de la "cultura de la prevención".


Desde la perspectiva judicial, la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz y coordinadora a nivel andaluz de la Fiscalía de siniestralidad laboral, Ángeles Ayuso, considera que en estos momentos en Andalucía se está dando el "do de pecho". La colaboración "fluida" de la Administración autonómica con la Fiscalía –fruto de un convenio pionero y por el que se creó un cuerpo de fiscales especializado en delitos contra la seguridad en el trabajo en 2004–, según Ayuso, funciona. Pero matiza que de nada sirve si la intervención se limita a después del accidente. De ahí, que defienda que las condenas lleguen antes: cuando se incumplan las normas.


Para llegar a este punto, la fiscal considera vital la Inspección de Trabajo, cuya plantilla en Andalucía considera exigua: 127 inspectores y 142 subinspectores. Aunque considere "plausible" la iniciativa de la Consejería de Empleo de implementar su labor con la incorporación de 40 técnicos de los Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que si bien no tienen capacidad de sancionar, sí la tienen para informar a la Inspección de posibles irregularidades, insiste en la responsabilidad de la Administración central.


Esta reclamación es compartida por CCOO y UGT. Con una ratio de inspectores de uno por cada 27.000 trabajadores, mientras en Alemania es por cada de 9.000, ven difícil la prevención. Reclaman, por tanto, la intervención de la Administración autonómica en la corrección de este déficit exigiéndole "más contundencia" en la persecución y castigo al empresario que incumple, que en un alto porcentaje tiene por estructura empresarial una furgoneta y un teléfono móvil. Unos incumplimientos que, según el secretario general de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO-Andalucía, Cándido Jiménez, no se restringen a las normas básicas de seguridad, también implican precariedad y temporalidad de la contratación, que hace que el trabajador sacrifique su seguridad en aras de la productividad.


No obstante, coincide con su homólogo en UGT, Manuel Jiménez, en que el problema debe afrontarse de manera "global" y, si en los accidentes intervienen muchos factores, las vías de solución también tienen que ser múltiples. Amén de la represalia, el dirigente ugetista hace hincapié en el capítulo de la formación de los trabajadores y espera que en cuatro años, los cerca de 500.000 andaluces que trabajan en la construcción tengan ya su tarjeta profesional en la que se acreditará que, como mínimo, han recibido diez horas de formación en prevención de riesgos laborales. También confía en los resultados de la recién estrenada Ley de la Subcontratación, que limitará el encadenamiento empresarial a tres niveles, y reforzará la exigencia de un organigrama sólido a aquellas empresas que operen en el sector.


Aunque CCOO y UGT no quieran cargar las tintas con la patronal, muchas miradas se dirigen a esta parte. Consciente de la responsabilidad que recae sobre el constructor, el secretario de la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (Fadeco), Emilio Corbacho, insiste en el "intenso esfuerzo" de su organización para poner coto a estas empresas y se muestra esperanzado en la entrada en funcionamiento del documento de calificación empresarial. Un certificado que permitirá distinguir a las constructoras de "calidad" y apartar al empresario "irresponsable". Corbacho se define más proclive a la formación y concienciación en la prevención que a la condena. "Porque mejor que castigar, es convencer ".