Los casos de malos tratos a ancianos se han multiplicado por 14 en sólo siete años
La Fiscalía alerta de la existencia de «bolsas ocultas» de violencia a mayores y llama la atención sobre el hecho de que la víctima nunca denuncia a su agresor. La acusación pública pide ayuda tanto para el agredido como para el acusado, ya que éste suele ser un descendiente con graves problemas mentales
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA De todos los tipos de violencia que se dan en la sociedad actual, probablemente sea el maltrato físico y psíquico a ancianos por parte de familiares el que menos titulares acapara y el que más luz necesita. Así lo denuncia Flor de Torres Porras, coordinadora de Violencia de Género en la Fiscalía de Málaga, en la memoria de 2009 de la especialidad que dirige. La acusadora pone especial énfasis en el crecimiento experimentado por los casos investigados en el seno del ministerio público: en 2003, se abrieron seis diligencias de investigación penal frente a las 83 registradas el pasado ejercicio, lo que significa que estos casos se han multiplicado por 14 en sólo siete ejercicios.
En 2005, el número de diligencias de investigación se situó en 60, para bajar después hasta las 39 de 2007, un guarismo que se duplica en 2009 (83).
La Fiscalía de Violencia de Género aclara que, además de la asistencia jurídica, es necesaria «un auxilio institucional no sólo al agredido, sino también al agresor, que en múltiples ocasiones es un hijo o hija de la víctima con problemas mentales».
Afirma la fiscal delegada de Violencia de Género que «podría existir una impunidad absoluta en bolsas ocultas de maltrato a los mayores al concurrir la ventaja añadida de que el trinomio mayor-maltratado-vulnerable nunca denuncia el hecho».
Ello provoca, a su vez, «que el oscurantismo de esta conducta permanezca, manteniéndose en la dependencia física y emocional del maltratador ante su agresor o agresores, dado que pueden concurrir varios maltratadores del mismo entorno sobre la misma persona», reflexiona De Torres.
Por tanto, un objetivo básico del área que dirige esta acusadora, quien también es la delegada a nivel andaluz, es «favorecer la visibilización de estas conductas enquistadas en una forma de convivencia y en el oscurantismo de las relaciones y lazos familiares que propician la impunidad de las mismas».
La Fiscalía solicita en la memoria una coordinación «más fluida» con la administración, fundamentalmente encarnada en este ámbito por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y por la Dirección General de Violencia de Género. «La respuesta a veces llega demasiado tarde en situaciones altamente graves», indica.
No en vano, para ambas instituciones éste es «un objetivo prioritario». «Ello no debe entenderse desde una vertiente optimista, sino más bien al contrario: los esfuerzos por visualizar este delito especialmente reprochable desde las vertientes penal y social, por la absoluta y máxima vulnerabilidad de la víctima, no alcanza todos sus fines». En la mayor parte de los casos, es un hombre el agresor, aunque también hay mujeres. La víctima siempre tiene más de 60 años.
Centros asistenciales
Asimismo, el ministerio público insiste con vehemencia en la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y afinar la aplicación práctica de la Ley de Dependencia. En un amplio porcentaje de casos, la Fiscalía insta a la entidad pública, a través de Igualdad, «a dar cobertura institucional de forma rápida e inmediata a las víctimas», según el decreto que aprobó la Junta de Andalucía en tal sentido en febrero de 2004. De esta forma, se simplifica el procedimiento de acceso a los recursos y servicios que la normativa autonómica ha previsto para estos maltratados, incluyendo su derivación, antes de diez días, a un centro asistencial.
La Fiscalía es «un instrumento de presión para agilizar tales ingresos asistenciales».
