El Gobierno lo tiene claro. España sólo creará empleo si modifica el modelo de contratación o elimina las incertidumbres que existen para romper la relación laboral. Y, en sintonía con esta reflexión, propuso ayer a los agentes sociales (patronales y sindicatos) tres fórmulas para abaratar el despido. Una supone bajar el coste de las indemnizaciones por causas económicas y disciplinarias. La segunda plantea 'subvencionar', desde un fondo que podría ser el de Garantía Salarial (Fogasa), la parte que ha de pagar la empresa. La tercera consiste en hacer universal el contrato de fomento del empleo, que ahora no se puede aplicar al colectivo masculino de 30 a 45 años.
El plan del Ejecutivo fue expuesto por el responsable del Diálogo Social, Alfonso Morón, en una nueva reunión con las principales organizaciones empresariales y sindicales para reformar el mercado de trabajo. Morón presentó un documento a los interlocutores diferente al entregado el 5 de febrero por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, matizó que no se trataba de «un borrador de acuerdo definitivo ni de algo que se considere un ultimátum».
La propuesta de febrero tenía ocho apartados sobre los que negociar y la de ayer cinco. Se han caído la reforma de la negociación colectiva, por ser una cuestión bilateral entre empresarios y sindicatos; medidas para evitar la discriminación, que serán incluidas en otro capítulo; y el absentismo y un mayor control de la incapacidad temporal, materia que se traslada a la mesa del Pacto de Toledo, donde se aborda el futuro de las pensiones. Quedan iniciativas para reducir la temporalidad, favorecer la colocación de los jóvenes, reforzar los Servicios Públicos de Empleo y mejorar la intermediación laboral, el sistema de bonificaciones y la reducción de jornada como instrumento de ajuste laboral.
Tiempo
Los representantes de CEOE y Cepyme decidieron guardar silencio. Aseguraron que harán los comentarios oportunos cuando hayan estudiado el nuevo documento. Por su parte, los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Gorriz y Antonio Ferrer, advirtieron tras la reunión de que sobran determinadas propuestas, porque de acuerdo con lo prometido por Rodríguez Zapatero, no firmarán nada que suponga un recorte de los derechos de los trabajadores.
Además los sindicalistas pidieron tiempo. Opinan que se puede llegar al entendimiento rápido en bonificaciones, plan para los jóvenes y reducción de jornada; pero subrayan que corregir la temporalidad y conseguir un sistema público de empleo más eficaz llevará meses. Morón insistió en que «no hay que ser prisioneros del calendario» y recordó que la fecha de terminar la negociación a primeros de mayo es meramente orientativa; pero resaltó que el acuerdo tiene que abordar las cinco cuestiones planteadas.
Gorriz añadió que el Gobierno tiene que ser consciente de que «no es él quién dirige las negociaciones». «Simplemente es una parte más», dijo. Para Ferrer, «los plazos de la negociación no pueden ser un lastre». «Habría que ordenar los plazos -continuó- y situar en el tiempo las medidas estructurales».
Fórmulas
La nueva propuesta del Gobierno tiene una redacción ambigua. Habla de «igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario». A juicio de Ferrer, en estas frases cabe todo «incluso corregir el despido 'exprés' (sin salarios de tramitación) impuesto por Aznar». Para otros sindicalistas la idea es revisar, «mejor dicho ampliar», el despido objetivo, que conlleva una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades y tiene una aplicación compleja en opinión de las patronales, pero que en términos de CC OO se limita a «justificar debida y correctamente las causas de la ruptura».
Respecto a la 'subvención' del coste del despido para los empresarios, Morón comentó que se trata de aplicar el modelo austriaco, pero al solicitarle mayor aclaración señaló que ningún sistema es importable en su totalidad. Apuntó que la ayuda económica podría venir del Fogasa (financiado casi exclusivamente por los empresarios) con la extensión de una medida que se aplica en las empresas de menos de 25 trabajadores a las de mayor tamaño y que supone que el fondo paga el 40% de las indemnizaciones. La aplicación generalizada del contrato de fomento del empleo es la menos problemática.
