sábado, 17 de abril de 2010

Mitos y realidades del PER

Mitos y realidades del PER

El Gobierno destinará este año 15,4 millones de euros a subsidiar a trabajadores eventuales del campo · Sindicatos, agricultores y economistas recelan de un modelo que arroja demasiadas sombras

Ángel Recio / Málaga | Actualizado 18.04.2010 - 01:00
 
Durante años se ha conocido como el PER y ahora se llama Aepsa. Suena más técnico pero el resultado es el mismo. Aplaudido y criticado a partes iguales, más por conceptos puramente políticos que económicos, este subsidio a trabajadores eventuales del campo vuelve a cobrar protagonismo después de que en marzo el Gobierno decidiera reducir el número de peonadas necesarias para cobrar una ayuda, de 35 a 20, de forma coyuntural por las numerosas lluvias registradas este invierno, que han paralizado miles de cosechas en toda Andalucía y Extremadura y, por tanto, también en Málaga. De hecho, el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, ha estado esta semana de gira por las comarcas de Antequera y la Axarquía para desgranar la inversión que irá a cada localidad.

El modus operandi de los trabajadores que cobran este subsidio es el siguiente. En el campo están los empleados fijos -que cotizan como cualquier trabajador en el régimen general y, si son despedidos, cobran el desempleo- y los empleados eventuales, es decir, aquellos que son contratados sólo por unas horas, días o semanas para recolectar cosechas concretas. Estas personas están inscritas en el Régimen Especial Agrario y no tienen derecho a paro. Eso sí, pagan un sello a la Seguridad Social para la jubilación, bajas por enfermedad o accidentes. Como contrapartida, reciben un subsidio pero, para conseguirlo, es necesario contabilizar una serie de peonadas. Cada peonada representa 7,45 horas de trabajo y, normalmente, para poder cobrar esa ayuda que concede el Ministerio de Trabajo hay que acreditar que se han realizado un mínimo de 35 peonadas en el año. No obstante, el Gobierno lo ha reducido este año a 20 para no perjudicar a esas miles de personas que no han podido trabajar por los temporales.

Un mínimo de 20 peonadas por 7,45 horas suma un mínimo de 149 horas al año. No parece mucho pero, según Antonio Sepúlveda, representante del área agraria en Comisiones Obreras en Málaga, "no es tan fácil de conseguir porque los eventuales van como apoyo a los trabajadores fijos y, si como este año se ha estado tres meses parado, se tarda más en contabilizar esas peonadas necesarias".

Precisamente por no llegar a las 35 peonadas, o por simple avaricia, se han dado casos de estafa conocidos como peonadas falsas en los cuales el empresario o el alcalde de la localidad -que son los que firman esas peonadas en función de si los trabajos son para una empresa privada o han sido contratados por el municipio- han suscrito más peonadas de las que realmente se han trabajado. "Recuerdo un caso en Cártama hace unos años pero eso prácticamente ha desaparecido porque cada peonada le cuesta al empresario algo más de seis euros [lo que paga como cotización a la Seguridad Social] y ahora ni los empresarios tienen para pagarlas ni los trabajadores para comprarlas", subraya Javier Ciézar, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Málaga.

Este año el Gobierno invertirá 15,4 millones de euros en la provincia para el que ahora se conoce como Programa de Fomento de Empleo Agrario. Los ayuntamientos tienen hasta el 26 de abril para presentar sus proyectos y Trabajo elegirá aquellos que, según la Subdelegación del Gobierno, "generen mano de obra y contemplen específicamente obras relacionadas con infraestructuras rurales y otras actuaciones en el sector agrario que se hayan visto afectadas por las recientes inclemencias climatológicas". Esa inversión es ligeramente superior a la del año pasado y se reparte mayoritariamente entre los municipios de las comarcas de Antequera, Axarquía, Guadalhorce y Ronda. El año pasado se beneficiaron 11.900 personas en la provincia y este año, al rebajarse el número de peonadas exigidos, podrían superarse las 40.000.

La pregunta es clara. ¿Cómo puede sobrevivir una persona que sólo trabaja oficialmente unas horas al año en el campo, no puede cobrar el paro y la prestación del antiguo PER es bastante escasa? Sepúlveda señala que "hay mucha economía sumergida" y muchas de estas personas hacen otro tipo de trabajos para sobrevivir o están apuntados a Aepsa el padre, la madre y los hijos, aunque no todos trabajen y realicen realmente esas peonadas.

Este subsidio, de corte claramente rural, siempre ha despertado todo tipo de críticas, principalmente en el resto de regiones españolas, que no las reciben. Sepúlveda indica que "se ha criticado mucho al PER pero gracias a él no se han despoblado muchos municipios". "Se dice que es un pozo de votos para el PSOE y se puede interpretar como se quiera pero creo que es la solución menos mala", continúa. Ciézar está en la misma línea. Explica que "es una medida que no me acaba de gustar pero es necesaria y, ahora con la crisis, no se puede tocar". El presidente de Asaja señala que el PER "se creó hace muchos años para ayudar a trabajadores del campo con cierta edad que tenían dificultad para irse a otro sector o encontrar un trabajo fijo, pero han pasado 30 años y estamos en el mismo punto. No se ha avanzado nada". Ciézar critica a aquellos que consideran que el PER provoca un "voto cautivo del PSOE porque con el Gobierno de Aznar también se daba y el dinero procede del Ministerio".

Desde el resto del país se critica las ayudas a los agricultores andaluces y extremeños aunque, según denuncia Ciézar, "nadie dice nada de los miles de millones de pesetas que se destinan cada año al sector de la minería en Asturias". Sin ánimos de realizar comparaciones posiblemente injustas, en el Régimen Especial de Minería y Carbón había inscritas en marzo en España 7.095 personas y en el Régimen Especial Agrario, sólo en Andalucía, hay 506.799.

Sin embargo, este sistema arroja demasiadas sombras. El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Joaquín Aurioles, cree que "lo único bueno del PER es que contribuye a retener a la población en zonas deprimidas, pero se ha demostrado que hay tanto fraude que no conviene mantener el modelo". Aurioles considera que este sistema "no ha contribuido a crear empleo, si acaso ha mejorado la renta de algunos", pero apunta que "se han generado tantas relaciones en relación al PER que cuando se plantea desactivarlo es un drama, pero es una dependencia perversa".