Primera gran huelga para Zapatero
Más de 75.000 funcionarios de la provincia están llamados a la movilización. Los sindicatos medirán sus fuerzas de cara a un eventual paro general. CCOO asegura que se llevarán a cabo piquetes en caso de que se superen los servicios mínimos
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA Se acabó la sintonía y la resistencia común frente a las perversiones del sistema. La rebaja del salario de los empleados públicos, que revoca el acuerdo alcanzado hace tan sólo cinco meses, ha terminado por agotar la paciencia de los sindicatos. Más de 75.000 funcionarios, a los que se unen los trabajadores de empresas y servicios ligados a la administración, están llamados hoy a la huelga en la provincia, donde, al igual que en el resto del país, la jornada se interpreta como una especie de preludio, todavía subsanable, de una movilización general. La primera, si se produce, desde el denominado decretazo de José María Aznar.
Los ánimos no están para experimentos conciliadores. El Gobierno tendrá que emplearse a fondo para evitar que las protestas se extiendan al resto de sectores productivos. Por el momento, la respuesta del sector público no es ninguna broma. Servicios esenciales como los hospitales y los colegios exhibirán hoy un aspecto festivo, aunque no precisamente por motivos jubilosos.
Según detallaron fuentes de CCOO, los centros de enseñanza mantendrán un equipo docente integrado, en el mejor de los casos, por un miembro directivo y un profesor en cada colegio e instituto. Los hospitales funcionarán al cien por cien en Urgencias, cuidados críticos, tratamientos oncológicos, diálisis y pruebas diagnósticas no demorables, mientras que, en el resto de servicios, la plantilla se reducirá a la mitad.
En lo que respecta a las instituciones de la administración general del Estado, la convocatoria engloba a 4.000 funcionarios en la provincia. La EMT, por su parte, permanecerá al margen de la manifestación y pondrá en liza a la totalidad de su flota.
La jornada de huelga, amparada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, contará con una marcha central de protesta que partirá a las 11.30 horas desde la delegación provincial de Hacienda. Los líderes sindicales coincidieron ayer en destacar que se trata de una reacción a una disposición casi sin precedentes en España: la derogación de un acuerdo laboral rubricado por la administración y los representantes de los trabajadores.
En este sentido, abundó ayer el secretario provincial de CCOO, Antonio Herrera, que aseguró que los recortes salariales, unidos a la congelación de las pensiones, equivalen a «arruinar la credibilidad» del diálogo social.
Herrera recordó que el grueso de los funcionarios está lejos de identificarse con la imagen de prosperidad a la que apela el imaginario colectivo. Apuntó, entre otros ejemplos, que uno de cada cuatro empleados públicos trabaja en precario, con contratos lastrados por la temporalidad, y que sus emolumentos se acercan a los mil euros mensuales.
La rebaja salarial representa, a su juicio, un peligro añadido: la fragmentación del estado del bienestar, atacado en sus depositarios. «Zapatero se ha plegado a los intereses de los que han causado la crisis económica», señaló. El sindicalista criticó, además, la adopción de medidas como la supresión del cheque-bebé, que, en su opinión, agravará la situación de los jóvenes.
En parecidos términos se expresó Joaquín Pérez, responsable provincial de CSIF, que mostró su preocupación por las consecuencias de los recortes en el sector público, que podrían legitimar, dijo, «cualquier decisión parecida en las empresas privadas».
Los sindicatos adelantaron que no tolerarán que se sobrepasen los servicios mínimos durante la huelga. Herrera amenazó con la realización de piquetes en los centros públicos. El consejero de Empleo, Manuel Recio, manifestó su confianza en el mantenimiento del personal consensuado con las organizaciones sindicales.
