[http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl//index.php?option=com_content&task=view&id=1583&Itemid=16]
| El trabajo, fundamento de un crecimiento económico sostenible |
| Alrededor de 800 profesores y expertos han firmado un documento contra los nuevos intentos de reformar el mercado de trabajo siguiendo los principios liberales que solo sirven para fortalecer los privilegios de los más fuertes. |
De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, gobiernos y organizaciones internacionales consideran
que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las
consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo.
La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero
de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un
fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.
Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos demanera
natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la pérdida de credibilidad en la actuación
de los operadores se adueñan de losmercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo
de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía
real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos.
En el caso español las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien
es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención
de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad
inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad,
con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento
extremadamente vulnerable.
ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS. La secuencia de salida
de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios
interconectados, temporal y funcionalmente.
En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción
del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras,
que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias.
Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la
economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad
y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas
y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado.
Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar
la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad
la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que
tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos
financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en
la actualidad su agencia financiera, el ICO.
En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores,
extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar,
ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una
política de incremento controlado del gasto público, que promueva la creación de infraestructuras económicas
y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectores más dinámicos de
nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.
Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar
una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado
sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico
vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por
otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el
protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para
desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.
Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo
lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores,
para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento
de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en
el auténtico motor de la economía española.
LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA
ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía
social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social
y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas
por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación
de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones
productivas.
No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto
de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación
terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya
no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado
sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.
Por tanto, si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual
crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno
congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos
sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender
desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.
Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas
que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. Enmuy
buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad
y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico
que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de
valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las
mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes
o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas
de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas.
Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector
dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa
(contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna,
negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera
eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa
la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración
y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que,
precisamente, hoy no ofrece el marco legal.
Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en
la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.
NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR. Y por ello rechazamos visiones que consideramos
profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes
en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que
propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión,
más productivo.
que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las
consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo.
La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero
de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un
fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.
Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos demanera
natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la pérdida de credibilidad en la actuación
de los operadores se adueñan de losmercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo
de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía
real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos.
En el caso español las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien
es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención
de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad
inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad,
con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento
extremadamente vulnerable.
ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS. La secuencia de salida
de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios
interconectados, temporal y funcionalmente.
En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción
del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras,
que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias.
Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la
economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad
y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas
y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado.
Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar
la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad
la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que
tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos
financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en
la actualidad su agencia financiera, el ICO.
En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores,
extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar,
ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una
política de incremento controlado del gasto público, que promueva la creación de infraestructuras económicas
y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectores más dinámicos de
nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.
Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar
una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado
sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico
vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por
otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el
protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para
desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.
Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo
lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores,
para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento
de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en
el auténtico motor de la economía española.
LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA
ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía
social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social
y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas
por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación
de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones
productivas.
No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto
de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación
terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya
no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado
sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.
Por tanto, si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual
crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno
congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos
sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender
desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.
Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas
que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. Enmuy
buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad
y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico
que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de
valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las
mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes
o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas
de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas.
Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector
dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa
(contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna,
negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera
eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa
la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración
y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que,
precisamente, hoy no ofrece el marco legal.
Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en
la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.
NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR. Y por ello rechazamos visiones que consideramos
profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes
en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que
propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión,
más productivo.
DECLARACIÓN | JUNIO 2009
Lo prioritario es lograr un
clima de confianza que impregne
a todos los sujetos de la
economía y la sociedad española,
y estimule la definición de un proyecto
de futuro con credibilidad y
recursos para ponerlo en marcha,
recursos públicos para impulsar
políticas industriales y energéticas
y recursos financieros para
incentivar la actividad del
sector privado.
El trabajo, fundamento de un
crecimiento económico sostenible
El trabajo es la fuente
primera y esencial de
derechos de ciudadanía
social, confiere libertad individual,
asegura progreso
económico, garantiza cohesión
y solidaridad social
y ofrece seguridad material.
clima de confianza que impregne
a todos los sujetos de la
economía y la sociedad española,
y estimule la definición de un proyecto
de futuro con credibilidad y
recursos para ponerlo en marcha,
recursos públicos para impulsar
políticas industriales y energéticas
y recursos financieros para
incentivar la actividad del
sector privado.
El trabajo, fundamento de un
crecimiento económico sostenible
El trabajo es la fuente
primera y esencial de
derechos de ciudadanía
social, confiere libertad individual,
asegura progreso
económico, garantiza cohesión
y solidaridad social
y ofrece seguridad material.
