Los planes de despido acechan a casi 2.000 personas en Málaga
- La creación de 45.000 empleos depende de PP, PSOE, PA e IU, según CCOo y UGT.
- Los partidos pueden liberar suelo para 65.000 VPO donde gobiernan.
- Además, es necesario cambiar la economía de Málaga para que se base en energías alternativas.
Los planes de despido afectan a 1.907 personas en la provincia de Málaga, según CCOO. Se trata de expedientes de regulación de empleo definitivos y temporales (ERE y ERTE), así como de destrucción de puestos de trabajo motivados por procesos concursales (la empresa suspende pagos y es intervenida judicialmente para asegurar que abona sus deudas a acreedores y empleados).
En su mayoría han sido anunciados en los últimos cinco meses. Se encuentran en distintas fases de tramitación y afectan a 20 empresas.
Estas cifras no se daban en la provincia desde 2001. Según el Ministerio de Trabajo las regulaciones de empleo acabaron con 2.078 puestos de trabajo ese año en la provincia, sin contar los derivados de las quiebras de compañías. De enero a noviembre de 2008, 442 personas perdieron su sustento en estos procesos.
Propuestas de soluciones
Los planes de despido actuales todavía tienen que pasar el visto bueno de la Junta, pero son una muestra clara de las consecuencias de la crisis económica. Frente a quienes responsabilizan en exclusiva a las entidades financieras de bloquear la solución al no dar créditos a las empresas, los sindicatos ponen el balón en el tejado de los partidos políticos.
Según CCOO y UGT, llevar a la práctica el Pacto por la Vivienda en Andalucía (2007) generaría 45.000 empleos directos (el paro se reduciría a niveles de abril de 2008) gracias a la construcción de 65.347 VPO para venta y alquiler. Solo en la capital serían 25.801 casas y 17.802 puestos.
Así el PP podría tomar la decisión política en los ayuntamientos donde gobierna de liberar suelo para estos inmuebles y facilitar la creación de 26.000 empleos; el PSOE, 7.694, y el PA, 1.035.
El secretario provincial de CCOO, Antonio Herrera, destaca que los consistorios no pueden argumentar que la paralización de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) no les permite asignar suelo para VPO. "Esto es una falacia, ya que existe la figura legal de la adscripción voluntaria de suelo para poner a disposición las parcelas necesarias", explica.
Ambas centrales han propuesto a los cuatro partidos una reunión que aún no tiene fecha para sacar adelante la iniciativa. "Es una irresponsabilidad que no se aborde este asunto", subraya el secretario provincial de UGT, Manuel Ferrer.
"Los sindicatos utilizaremos la representación que tenemos en las cajas de ahorro para que éstas cumplan su compromiso de dar financiación que firmaron en el Pacto por la Vivienda. Una vez que los ayuntamientos liberen el suelo, veremos si el problema es la Junta. Pero primero que liberen suelo", enfatiza el sindicalista.
Estas medidas sirven para "atenuar" la crisis, matizan CCOO y UGT, que siguen apostando por un cambio del modelo productivo hacia otros sectores distintos a la construcción en los próximos cuatro años, "como los de la investigación, el desarrollo y la innovación y las energías alternativas".
ANDRÉS GARCÍA - GERENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
"Es necesaria una reforma urgente del mercado laboral para ser más productivos, no abaratar el despido. Por ello, no tiene sentido que cada nuevo Gobierno cambie los planes educativos. La propuesta de los sindicatos me parece una solución coyuntural que sólo aplaza la crisis. Creo que la crisis durará todo este año y que en todo 2010 puede seguir la situación de caída"
JAVIER GONZÁLEZ DE LARA - SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA
"Creo que el acuerdo con los partidos debería ser a nivel nacional. En lo local, el pacto debe ser entre agentes económicos y sociales. El Plan de Vivienda nos parece bien, pero recortando los trámites. Y todo dependerá de la disponibilidad del suelo. No sé cuánto durará la crisis. Todas las previsiones han resultado erróneas. El abaratamiento del despido no es prioritario; la facilidad del crédito, sí; así como la reducción de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en las pymes"
